El Congreso comenzará hoy a avanzar en el cumplimiento del acuerdo entre el gobierno y las provincias cuando Diputados intente sancionar la ley electoral. Mañana el Senado convertirá en ley el proyecto que prohíbe al Ejecutivo establecer moratorias impositivas por decreto e iniciará así el tratamiento de los temas económicos comprometidos en el acuerdo. Pero esto no significa que el camino esté liberado para el gobierno en el Congreso. Hay conflictos con la suba de tarifas y la ley de inmunidad a miembros del Banco Central. Además, el radicalismo se niega a sesionar si no se garantiza antes un sistema claro de mediación para el caso de ejecuciones judiciales.
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El proyecto que se sancionará mañana en el senado prohíbe al Ejecutivo establecer regímenes de regularización de deudas tributarias que impliquen la eximición total o parcial del capital, intereses, multas y cualquier otra sanción por infracciones relacionadas con los gravámenes, cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la AFIP. Esta facultad quedará exclusivamente en manos del Congreso.
Más conflictivo será el tratamiento de la eliminación de los planes de competitividad. Hasta ahora se mantienen en vigencia los planes que benefician al sector del transporte, el agro y los medios de comunicación y empresas culturales. Los beneficios consisten en un mix de exenciones al impuesto a la ganancia mínima presunta y la posibilidad de tomar a cuenta de IVA algunos puntos porcentuales de los aportes patronales pagados por las empresas. Este punto no tiene definición y ya habían comenzado las presiones de las empresas sobre el Congreso, que deberán chocar contra la insistencia del FMI para que se deroguen estos beneficios, algo que el organismo ya le había pedido a Domingo Cavallo hacia setiembre del año pasado.
• Ejecuciones
Mientras el justicialismo seguía ayer sin definir un rumbo claro en cuanto a la solución del conflicto por la suspensión de ejecuciones hipotecarias, el bloque radical estaba encaminado a intentar sancionar una ley de mediación compulsiva en lugar de seguir insistiendo con la paralización de los remates.
En este punto el gobierno no tendría inconvenientes pero el PJ de Diputados no tiene claro el tema: hasta ahora existen presentados un proyecto de mediación elaborado por Manuel Baladrón, Humberto Roggero, José María Díaz Bancalari, entre otros, otro de conciliación obligatoria del menemismo y un tercero también sobre mediación del radicalismo.
El Ejecutivo, mientras tanto, no ha enviado todavía al Congreso ningún proyecto sobre mediación, a pesar de haberlo prometido en reemplazo de la suspensión de ejecuciones. En su lugar ahora se redacta un proyecto de decreto que instaura una instancia administrativa en el ámbito del Ministerio de Trabajo y el de la Producción.
Ayer el radicalismo supeditó su concurrencia a la sesión de hoy, donde se tratará la ratificación del cronograma electoral, a que el peronismo acuerde un proyecto de mediación y se disponga a votarlo.
Los radicales, encabezados por Horacio Pernasetti, si bien aceptan el acuerdo firmado en cuanto a no rechazar el veto del Ejecutivo sobre la ley que permite la cancelación con bonos de deudas financieras, quieren modificaciones en el sistema.
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