Frenaría la Justicia el límite al uso de energía

Amparos de industrias para que no les corten la electricidad en el verano podrían complicar más la escasez. El gobierno no encuentra por ahora la forma de reglamentar la resolución que obliga a grandes usuarios a contratar generadores o limitar el consumo al que tenían en 2005. No habría forma de evitar acciones en la Justicia, que declararía nula la norma. La única salida a la vista sería acordar con las industrias las fechas de parada de la actividad. Pero las empresas no quieren ser las que paguen el costo. Promueven eliminar fútbol nocturno, aire acondicionado en shopping y más castigo para hogares. El gobierno se irritó cuando se conoció la propuesta, y ahora hay riesgo de apagones de hecho.

Alejandro Macfarlane

Una ola de amparos como los promovidos en su momento contra el «corralito», podría agravar la crisis energética en el próximo verano. Varias de las 5.000 empresas que, según la Resolución 1.281 de la Secretaría de Energía, deben consumir a partir del próximo 1 de noviembre la misma cantidad de electricidad que en igual período de 2005, podrían recurrir a la Justicia para evitar que les corten la luz.

La cuestión está en estudio de la Secretaría de Energía que no encontraría forma para reglamentar la resolución, de modo que no sea declarada nula por la Justicia, y realmente aliente a contratar fuentes alternativas de generación, como los equipos de autogeneración con que cuentan algunos usuarios.

Para que la 1.281 sea efectiva, debería haber un acuerdo con los grandes consumidores, por el cual éstos acepten hacerse cargo total o parcialmente del costo de recurrir a fuentes alternativas de energía. O por lo menos un acuerdo para hacer un cronograma de paradas de la actividad, que deberían concentrarse en las dos o tres semanas consideradas más críticas del verano, entre el 15 de diciembre y el 8 de enero.

Reparto

Pero, por el momento, el acuerdo parece lejano. Las empresas pretenderían que la energía a ahorrar se reparta, pero concentrándose en lo que consideran «superfluo»: espectáculos nocturnos, alumbrado público, vidrieras y aire acondicionado en los shopping.

El gobierno, por su parte, quiere evitar los problemas de energía, pero recurriendo en primer lugar a lo que pase inadvertido, para que no quede constancia de que hay crisis.

En segundo lugar, hay funcionarios que creen que «el mayor costo de la energía que hace falta agregar al sistema debe ser pagado por las empresas que se beneficiaron con la devaluación y con el retraso de tarifas de los últimos años».

Presión

No todos en el gobierno pensarían igual y hay además una fuerte presión de los grandes usuarios para no correr con el gasto. Este entramado explicaría la disputa que se desató este fin de semana después de la primera reunión entre el gobierno, el titular de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), Luis Pagani, el presidente de la Unión Industrial (UIA), Héctor Méndez, y el presidente de ADERA (Asociación de Distribuidores Eléctricos), Alejandro Macfarlane.

En el encuentro, que fue convocado y dirigido por el secretario de Coordinación de Julio De Vido, Roberto Barata, se barajaro0l de actividad.

Pero para el gobierno, y para el presidente Néstor Kirchner, ver en primera plana de los diarios, la alternativa de suspender los partidos de fútbol nocturnos o condicionar luz y aire acondicionado de los shopping y aumentar castigo a los hogares por consumo alto, habría sido como un golpe a traición.

Por eso en la misma mañana del sábado, De Vido salió por radio a desmentir lo que los industriales le habían transmitido a Barata y que, en principio, no contaba con respaldo oficial. El ministro dijo que existe una «enorme operación mediática, avalada por algunas empresas, para intentar convencer a los argentinos de que en el país va a faltar energía».

Tarifas

«Lo único que buscan -remarcó- es presionar al gobierno y a la propia opinión pública para que se aumenten las tarifas a los sectores residenciales, y eso el gobierno no lo va a hacer», aseguró De Vido.

«Los argentinos deben estar tranquilos y disfrutar de la vida», señaló el funcionario ratificando que no existe una crisis en el sector y que se trata de una operación «avalada muchas veces por algunas compañías energéticas».

Nadie sabe ahora en qué van a quedar las reuniones para acordar una solución «conjunta». Y el tema es más preocupante porque hasta hace dos semanas, el país iba a llegar al verano con un riesgoso equilibrio entre oferta y demanda, pero ahora hay 1.000 megavatios menos de producción por fallas en Atucha I, Central Puerto y Dock Sud, por lo cual habría que decidir dónde se corta cuando sea necesario hacerlo.

Llegado el momento, el gobierno, a través de Cammesa y las distribuidoras eléctricas, puede obligar a las grandes empresas a cortar el suministro, pero éstas pueden no aceptar y no interrumpir el uso, y además recurrir a la Justicia. De ocurrir esto, los apagones podrían darse de hecho, casi sin programación.

Además de todo esto, siguen presentes los problemas que se pueden presentar con el calor en los cables de las distribuidoras de todo el país y el peligro de que un tornado interrumpa las líneas de transmisión del Comahue, de donde proviene la cuarta parte de la energía que se usa en el área metropolitana.