Gobierno ahora busca argumentos para decir que no a gobernadores

Los gobernadores José Manuel de la Sota y Carlos Ruckauf fueron muy críticos el fin de se-mana en el momento de evaluar al gobierno y reclamar ayuda para las terminales automotrices instaladas en sus provincias. Llamaron a un "convenio" que sume a las automotrices, autopartistas y sindicatos, además de los ejecutivos provinciales y nacionales; todo sobre la base de reducir impuestos comenzando por los que cobra el Ministerio de Economía. Aseguraron que la primera piedra será lanzada por ellos mismos, reduciendo Ingresos Brutos provinciales. Ya José Luis Machinea y el secretario de Industria, Javier Tizado, dejaron entrever que rechazarán el proyecto. De la Sota y Ruckauf doblaron la apuesta y bajarán costos para las automotrices. Utilizando los planes Trabajar locales y nacionales lanzarán una reducción en los aportes patronales que podría llegar a 5% de los costos de las terminales.

Informalmente, en conversaciones que se cruzaron por teléfono, varios funcionarios del gobierno realizaron una evaluación preliminar del desafío lanzado por Carlos Ruckauf y José Manuel de la Sota desde Villa Carlos Paz: que el gobierno baje impuestos para el sector automotriz y acompañe de esa manera el recorte en Ingresos Brutos que ellos mismos prometen para esa actividad.

Los hombres de Fernando de la Rúa temen lo que resulta obvio: que el eje Ruckauf-De la Sota haya inaugurado el año electoral con una apuesta impositiva que para las autoridades nacionales es por demás riesgosa. Por eso, antes de conocerla protocolarmente, comenzaron a relativizarla.

El primer argumento que empleará la Casa Rosada para esa neutralización es el de la equidad tributaria. «¿Por qué vamos a bajarle impuestos al sector automotor y no a otros?», se preguntó ayer uno de los ministros más decisivos del equipo oficial.

Otro razonamiento preventivo que se escuchó en Economía fue el de la igualdad entre provincias. «De la Sota y Ruckauf piden la reposición del Plan Canje, que sale de la coparticipación. «¿Por qué las provincias chicas van a financiar a las grandes?», se preguntó allí un colaborador de José Luis Machinea.

El funcionario recordó también: «Hubo un plan de esta naturaleza que se nos presentó en octubre del año pasado y que fue rechazado. Esperemos que no estén desempolvando la misma iniciativa, que era inconsistente».

Consultas

Sobre la base de esta polémica, el gobierno pretende establecer criterios de universalidad tributaria, rechazando políticas sectoriales como la que estimularía al sector automotor. Respecto de esta actividad, desde oficinas muy cercanas a la de De la Rúa se hicieron consultas con empresarios como Cristiano Ratazzi y Manuel Antelo. Al parecer, estos empresarios prevén un año más alentador que el pasado, casi calamitoso. Y si les preocupa algo de la política para el sector no es tanto el nivel de imposición como el grado de regulación, que los obliga a comprar autopartes en el mercado local hasta un nivel de integración de las unidades.

De esta manera, reaparece el problema de fondo del sector automotor: la guerra entre terminales y autopartistas o, mejor dicho, entre las montadoras de autos y las siderúrgicas (más específicamente, Techint). Si esta batalla fue siempre incesante, se hizo más cruda desde que Machinea decidió poner al frente de la Secretaría de Industria a uno de los hombres clave del grupo Techint, Javier Tizado.

La desregulación del sector que circula como idea en algunas oficinas del gabinete sería de difícil implementación por el conflicto con ese sector. Y tendría una repercusión formidable en relación con Brasil, ya que el mantenimiento de un nivel de actividad entre los fabricantes de autopartes fue una de las dificultades mayores de la negociación con los brasileños hasta que se fijó una cuota de participación nacional en el montaje, que regirá hasta 2006.

Si estas ideas pueden resultar demasiado innovadoras para el momento, da la impresión de que el gobierno pretende avanzar con pasos más cortos en otros campos: por ejemplo, el de la simplificación de los trámites registrales para los automóviles, a la que se refirió De la Rúa en el encuentro de Olivos del viernes. El costo de esas operaciones representa a veces, en los autos usados, 10% del precio de la unidad.