Gobierno analiza decreto de mediación para ejecuciones

El gobierno está analizando la posibilidad de avanzar con un decreto para ampliar a los deudores bancarios el mecanismo de mediación judicial que ya fuera implementado para las deudas entre particulares. El hecho es que el próximo lunes vencerá operativamente la suspensión de ejecuciones judiciales que el gobierno había acordado con el sistema financiero y desde el Congreso comenzaron las presiones para que establezca un sistema de protección a deudores en ejecución, pero sin hablar de suspensión de procesos, algo absolutamente prohibido por el acuerdo firmado con el FMI. El problema es doble: no sólo vuelve la demagogia en el gobierno queriendo frenar los normales procedimientos judiciales sino que también se usa a los deudores por créditos de vivienda para llevar adelante un proceso que en realidad terminará beneficiando a las grandes empresas endeudadas.

Desde el Congreso comenzaron hace dos semanas las presiones para que se establezca un sistema de mediación judicial entre deudores y acreedores para el momento en que finalizara la suspensión acordada con los bancos. Tal como adelantó ayer Ambito Financiero, el Congreso estaría dispuesto a sancionar una ley de este tipo, incluso en medio del conflicto político que mantendrá prácticamente inmovilizadas las cámaras para el tratamiento de los temas clave comprometidos con el FMI, como los cambios impositivos.

•Sin tiempo

Ayer, el justicialista entrerriano Julio Solanas les pidió a Eduardo Camaño y al gobierno la firma de un decreto de necesidad y urgencia que establezca un sistema de mediación para los casos de morosos con deudas bancarias. El pedido se basa en otro dato que evalúa el gobierno: si el próximo lunes, se retoman los procesos ejecutorios y no habría tiempo para que el Congreso sancione una ley al respecto.

Pero, además, los diputados quieren incluir un tratamiento especial para los deudores con garantía sobre la vivienda única y familiar. «La situación es que muchos no han podido pagar porque cobran sus sueldos en cuasi monedas, que no son aceptadas por los bancos como medio de pago, y entonces se iniciaron los procesos de remate», dijo ayer Solanas, «Queremos un DNU que obligue al juez a llamar a las partes. Por lo menos se aspira que para los bancarizados se respete el principio de vivienda única y familiar.»

El pedido del Congreso se reavivó cuando los legisladores constataron que la carta de intención firmada con el FMI habilita la posibilidad de modificar el proceso judicial e incorporar un sistema de mediación entre deudores y acreedores para el caso de pasivos de empresas, proyecto que en la Argentina existe desde el año pasado, tomando un mecanismo elaborado por el Banco Mundial.

De todas formas, la situación no es la misma que en el mes de diciembre. Algunos bancos han comenzado a hacer ofrecimientos de quitas a sus deudores morosos para cancelar sus acreencias. Estos acuerdos individuales con los morosos se han multiplicado, por ejemplo, en el Banco Nación y otros bancos privados.

Por otro lado, el Congreso es el resquicio que le queda hoy al gobierno frente a un escenario que le quedó complicado al asumir ante el FMI el compromiso de no proponer modificaciones a la Ley de Quiebras.

Ayer, Alfredo Atanasof fue claro: «La idea del gobierno es la de priorizar soluciones y no la de priorizar remates. En eso estamos trabajando. Lo hemos hecho todo 2002, por eso no ha habido ejecuciones hipotecarias», dijo.

•Límites

Pero ahora, el punto 30 de la carta de intención con el FMI pone límites a las funciones del gobierno. Allí se establece que al finalizar esa prórroga voluntaria con los bancos «el gobierno asegurará que no se tomen otras medidas no voluntarias que limiten el cumplimiento de los derechos de los acreedores, y que la totalidad de las disposiciones de la Ley de Quiebras se mantengan vigentes». También que -mientras esté en vigencia el acuerdo, es decir hasta fines de agosto-«no se aprobará ninguna ley ni instrumento jurídico que permita una suspensión involuntaria de los derechos de los acreedores».

En ese marco, el Congreso le hace un favor al gobierno al presionar con una solución intermedia que no viole el compromiso con el Fondo.

Y esa solución podría partir del punto 31 del acuerdo con el FMI, que señala que, para dar un trato igualitario a deudores y acreedores, se presentará un proyecto de ley «sobre arreglos con empresas», algo que ahora se piensa extender a los créditos sobre viviendas.