Gobierno espera ahora fallo que frene la suba de tarifas

Tras el alivio parcial que deparó al gobierno y a las privatizadas, el fallo judicial del martes que no suspendió los aumentos en tarifas de gas y electricidad en Capital Federal, están pendientes otros dos pronunciamientos judiciales, ambos con alcance para todo el país. Desde medios oficiales se dejó trascender ayer que podría haber fallos contradictorios, y que en ese caso debería intervenir un tribunal superior.

Esta posición oficial se explica en parte porque el gobierno está presionado por la presencia de la misión del Banco Mundial y del Fondo Monetario que está revisando precisamente la situación de las empresas privatizadas. Aunque se mantiene fuerte reserva sobre sus opiniones, ya se sabe que la delegación viene planteando dos cosas:

• que el gobierno debe dar una señal a los inversores extranjeros a través de aumentos inmediatos de tarifas, de que el Estado nacional respetará los contratos;

• que la «judicialización» del proceso es perjudicial y puede disparar el inicio de juicios contra el Estado argentino ante el tribunal arbitral (CIADI) que depende del Banco Mundial, en el que se tramitan las causas por incumplimiento a los tratados de protección recíproca de las inversiones.

El Ministerio de Economía, por otra parte, tiene cierta obligación de retribuir a los gobiernos de los países europeos que respaldaron a la Argentina en las negociaciones con el Fondo, siendo que gran parte de los accionistas extranjeros es de ese origen. Por otra parte, en la carta de intención con el FMI, si bien no se habla de aumentos de tarifas, hay un compromiso de no dejar caer a las empresas privatizadas.

Sin embargo, la perspectiva en el ámbito judicial no es favorable al gobierno. Hay dos pronunciamientos pendientes: uno de la jueza Claudia Rodríguez Vidal en una acción iniciada por un grupo de entidades de consumidores y el representante de los usuarios ante la comisión renegociadora de contratos, Ariel Caplan, y otro del defensor del pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, que tramita en el juzgado de Cristina Carrión de Lorenzo.

Rodríguez Vidal tiene en sus manos una cautelar para suspender los aumentos en gas y luz dentro de un juicio en el cual los demandantes piden que se obligue al Estado a renegociar contratos antes de aumentar tarifas. Esta jueza ya adoptó dos medidas cautelares el año pasado: obligó a suspender las audiencias públicas para tratar subas en luz y gas, y a suspender el decreto de noviembre que autorizaba aumentos de emergencia en ambos servicios.

• Anticipo

Rodríguez Vidal fue recusada por el Estado nacional porque, según la presentación del Ministerio de Economía, la jueza anticipó su posición sobre la cuestión de fondo en el último de los fallos. Pero la recusación fue rechazada en la Cámara Contencioso Administrativo, y ahora la magistrada debe dictaminar sobre otra cautelar dentro del mismo juicio, que tiene contenido similar por lo menos a la última dictada. (La diferencia es que ahora antes de decretar los aumentos, el Ejecutivo dictó un decreto de necesidad y urgencia modificando la ley de emergencia y autorizando al Ministerio de Economía a realizar ajustes de tarifas antes de la renegociación de los contratos.)

En medios judiciales, se cree que Rodríguez Vidal volverá a dictaminar suspendiendo los incrementos, pero no se sabe qué actitud adoptará finalmente Carrión de Lorenzo. Según los trascendidos de medios oficiales, si las juezas fallaran en sentido contrario, debería resolver una instancia superior.

Sin embargo, expertos en materia legal afirman que «esa opinión carece de sustento». Según estas fuentes, «un solo fallo basta para parar el decreto, porque el presunto fallo en sentido contrario no le da legitimidad al decreto, sólo rechaza el recurso, y en esto pueden jugar distintos elementos, como las pruebas presentadas o los plazos en que se presentó la documentación».

En cuanto al fallo de Guillermo Rossi que no dio lugar al pedido de suspender los aumentos, presentado por la defensora del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira, ayer fue cuestionado. Mondino dijo que «es controvertido y no anula ni convalida aumentos». Añadió que «el fallo no es un fallo en sí mismo, porque la defensora de la Ciudad le plantea suspender o no un decreto y el juez contesta con un ni».

Por su parte, Oliveira pidió ayer una aclaratoria al juez Rossi, afirmando que de la resolución «no surge decisión alguna sobre el requerimiento formulado para que disponga la inmediata suspensión en la aplicación de los decretos 120 y 146» que definen los incrementos tarifarios.