El gobierno sigue avanzando en su estrategia de llevar al Correo Argentino a la quiebra para poder relicitarlo. Ayer se conoció un nuevo rechazo oficial a que se prorrogue el período de negociación con los acreedores dentro del concurso preventivo. En su presentación, el Estado se consideró «agraviado» porque la Sala B de la Cámara Civil y Comercial dio lugar al recurso de queja del Correo, y dijo que «ya están vencidos todos los plazos» previstos en la legislación.
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El Estado respondió así a los camaristas que dieron lugar al recurso de queja presentado por la empresa, debido a que el juez de primera instancia, Eduardo Favier Dubois, le había negado una prórroga del período para negociar con los acreedores. Tras la respuesta del gobierno, la Sala 9 puede decidir en los próximos días si otorga o no la prórroga pedida por el Correo, porque por ahora sólo admitió la queja.
Esto es así porque, una vez completados los fundamentos de todas las partes, la causa está en condiciones de volver a la Sala B, el tribunal que posibilitó que se tramitara el recurso de queja con «efecto suspensivo», y evitó que se iniciara el período de «cram down» que iba a derivar en la quiebra, por el rechazo del Estado a otra propuesta del Correo.
En la presentación oficial, el gobierno afirmó que el Correo Argentino sólo busca «generar demora y seguir facturando» sin abonar el canon por la concesión del servicio, a través del pedido de prórroga.
El Estado sostuvo que el pedido de extensión solicitado por la firma concesionaria es una «cuestión abstracta» debido a que las propuestas de pago presentadas por el Correo Argentino no lograron los requisitos legales para ser aprobadas por la Justicia.
• Propuesta Entre los fundamentos de su oposición a la prórroga del plazo para presentar acuerdos, los representantes legales del Estado consignaron que, tras cuatro años de «incumplimientos», la concursada le debe al Estado unos 500 millones de pesos y que a la concesionaria no le faltó plazo para negociar con sus acreedores. Los letrados opinaron, en cambio, que la empresa busca «mantenerse con la explotación del servicio el mayor tiempo posible sin abonar los cánones» y «licuar su deuda» mediante una propuesta «abusiva».
La propuesta de pago elevada por Correo Argentino fue aprobada por unos 250 acreedores, algo más de un tercio del total, porcentaje que resulta insuficiente para evitar una declaración de quiebra. Entre los acreedores que están de acuerdo con la extensión del plazo figuran Sideco Americana, el Banco de Galicia y el Banco Internacional de Desarrollo (BID), pero la presentación oficial destaca que se trata de una empresa vinculada, un socio minoritario y una entidad con derechos sobre acciones del correo, respectivamente.
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