Gobierno pidió al Congreso que apure la Ley de Lavado

Zenón Biagosch

Zenón Biagosch, director del Banco Central, les pidió ayer a los diputados de la Comisión de Finanzas que apuren la votación de un proyecto de modificación de la Ley contra el Lavado de Dinero antes del próximo 25 de junio, fecha en que la Argentina puede ser separada del GAFI -Grupo de Acción Financiera Internacional-, máximo organismo mundial de combate a los ilícitos financieros, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Ese día, el GAFI tendrá una nueva reunión en París en la que la Argentina debe demostrar que llevó adelante modificaciones en su legislación, especialmente en la responsabilidad de funcionarios en el informe de ilícitos y las exenciones a esta regla. Además, la ley incrementa las atribuciones de la UIF, Unidad de Información Financiera, que funciona en el ámbito del Ministerio de Justicia, e integrada por miembros del Banco Central y el Ministerio de Economía. Es el órgano encargado de controlar operaciones financieras y reportar e investigar la existencia de irregularidades o movimientos sospechosos. De todas formas, los diputados no pudieron dar seguridad de poder sancionar a tiempo ese proyecto ante las divergencias que existen en la precisión sobre conceptos como financiamiento del terrorismo o el control de los orígenes del lavado.

La historia de los problemas entre la Argentina y el GAFI se remonta a un año atrás. En dos oportunidades, la delegación argentina a esas reuniones en París escuchó las advertencias de los delegados de Australia y EE.UU. sobre las deficiencias en la legislación contra el lavado de dinero en el país. Esos reproches se repitieron en febrero de este año, en otro encuentro del organismo en la misma ciudad, pero con el agregado de una intimación: si en la reunión del 25 de junio no se avanzaba en las reformas exigidas, el país sería deslistado del GAFI.

Para la Argentina, una medida de ese tipo significaría un papelón internacional. El país había ingresado a ese estatus después de la sanción en 1998 de la Ley contra el Lavadode Dinero. Es una norma aceptada como imperfecta tanto por los legisladores que la sancionaron en ese momento, como por funcionarios del Central y el Ministerio de Justicia. Pero le permitió al país ingresar al GAFI e integrar un selecto subgrupo en Sudamérica junto a Brasil y México, el GAFI-SUD, con las mismas funciones de la organización global.

• Implementación

La necesidad de instrumentar cambios en la legislación argentina fue implementada inmediatamente por los técnicos del Banco Central, el Ministerio de Economía y el de Justicia. Se elaboró, entonces, un proyecto en el Central que fue explicado a un grupo de diputados el 10 de marzo pasado. Pocos días después, el Senado también recibió el borrador de esa reforma a la Ley de Lavado de Dinero y comenzaron los debates en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales. El 19 de abril, una reunión de asesores de esas comisiones decidió recomendar modificaciones, y el Banco Central comenzó a comprender que el camino para conseguir la ley sería más lento que el necesario. Incluso todas esas sugerencias de los legisladores serían giradas nuevamente a Martín Redrado para que la autoridad monetaria compilara un nuevo proyecto y recién allí fuera enviado al Congreso como mensaje del Ejecutivo.

En Diputados se seguía un camino similar, y el gobierno evaluó finalmente enviar un nuevo proyecto ya oficialmente ante la falta de tiempo, aunque ayer parte del directorio del Central hizo un último intento para conseguir la ley.