Un concurso mal abierto

Economía

En plena autocrítica del Gobierno por su estrategia en el manejo del caso Vicentin, hubo otro detalle que pasó por alto: el juez Fabián Lorenzini no debió haber habilitado la apertura del concurso de acreedores de la cerealera, donde ahora quedaron centralizadas las decisiones sobre su intervención.

Y eso es porque, como denunció la Inspección de Personas Jurídicas de Santa Fe, existe un faltante de documentación, incluyendo los últimos estados contables e información certera sobre su estado patrimonial y el de empresas controladas, en una maraña que se ha tornado indescifrable. La presentación por parte de la empresa en la apertura del proceso es uno de los requisitos regulados en el Artículo 11 de la Ley de Concursos y Quiebras.

Allí está normado que se acompañe toda la documentación y copia de balances y estados contables exigibles de los últimos tres ejercicios e información concreta sobre su estado patrimonial. El incumplimiento de lo prescripto en ese artículo impone el rechazo a la petición de la empresa, algo regulado en el artículo 13 de la misma ley.

De hecho, casos análogos se tramitan a diario en la justicia comercial donde un porcentaje (menor, pero estadístico) de los concursos se rechazan antes de su apertura por no reunir las condiciones necesarias para iniciar el proceso. Para citar un antecedente, la jueza María José Gigy Traynor rechazó iniciar el concurso preventivo ante el pedido de Austral Construcciones, de Lázaro Báez. Señaló inconsistencias en la situación patrimonial de la constructora, aspectos poco claros en sus activos y pasivos y que se desconocía el destino de algunos fondos. La decisión de Lorenzini a la luz de los hallazgos de la IPJ condicionaron una causa que debió haber tenido otro destino.

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