Importantes consorcios no podrían competir por peajes

Hasta ayer, no estaba definido todavía quiénes podrán presentar mañana la oferta económica para competir en la relicitación de las rutas nacionales por peaje. Según fuentes confiables, las negociaciones entre los concesionarios actuales y la unidad renegociadora de los contratos para llegar al «cierre» de la concesión están empantanadas con las empresas más importantes.

Entre estas últimas se encuentran Servicios Viales del grupo Macri, las tres concesionarias en las que participa como accionista principal Benito Roggio e Hijos (Covicentro, Covinor y Concanor), Dycasa y Perales Aguiar.

Estas serían las principales empresas que no llegaron aún a un acuerdo con la unidad renegociadora sobre el incumplimiento de los contratos firmados en 1991, las multas impagas y sus propios reclamos. De esos tres elementos debería surgir una suma a pagar o el compromiso fehaciente de realización de determinadas obras, pero por ahora no se logró.

Según fuentes oficiales, las empresas precalificadas para presentar oferta mañana y que tienen algunas de las concesiones actuales estarían más cerca de acordar el «cierre» de los contratos con el gobierno, de modo de poder participar de la licitación y seguir en el negocio. Esto se explicaría en parte porque para las pequeñas y medianas compañías, el negocio sigue siendo muy atractivo aun cuando la mayor parte del dinero -el que se destina a las obras-quedará ahora en manos del Estado.

Voceros privados aseguraron que además hay reticencia dentro del grupo de los grandes para firmar un acta en la que resignan todos los derechos a efectuar reclamos al Estado por las concesiones actuales.

Un documento oficial reveló que de los 23 consorcios precalificados, 13 tienen uno o más participantes en las actuales concesiones. De los 13, 4 o 5 no llegarían a un acuerdo con el Estado antes de la apertura de las ofertas, mañana a las 15. En esto, no tiene nada que ver la denuncia que trascendió el fin de semana sobre un presunto reclamo del Estado por u$s 420 millones por parte de los actuales concesionarios. Esa denuncia que data de abril de 2000 seguiría su curso en la Justicia, pero no se mezclaría con la licitación.

Por su parte, el vocero del grupo Roggio, Juan Ordóñez, afirmó ayer que «nosotros seguimos adelante y vamos a presentar la oferta económica, porque no tenemos ninguna obligación de cerrar el acuerdo con la comisión renegociadora antes de presentarnos a la licitación».

En apariencia, Ordóñez se basaría en el pliego de la licitación que no dice expresamente que los actuales concesionarios deben resignar derechos a reclamos posteriores o cerrar los contratos, antes de intervenir en la licitación. Si bien los ministros Roberto Lavagna y Julio De Vido anticiparon, al anunciar la relicitación, que los aspirantes debían renunciar a iniciarle juicios al Estado, este punto no fue explicitado en el pliego.

• Resolución

Esa carencia se habría tratado de subsanar con la Resolución 154 del Ministerio de Planificación, aparecida ayer en el Boletín Oficial, que remite al artículo 16 del decreto para contrataciones del Estado. Según esa norma, «se desestimarán, con causa, las presentaciones u ofertas de aquellas personas físicas o jurídicas que exhiban reiterados incumplimientos de sus obligaciones».

Según voceros oficiales, la limitación sólo se refiere a incumplimientos en las concesiones viales. Esto significa que el grupo Macri, aun cuando tenga incumplimientos en el Correo, podría presentarse a la licitación si paga previamente el dinero por las obras que se le reclaman en las rutas nacionales.

Se estima que de los 280 millones de pesos que el Estado deberá desembolsar en obras para las rutas actualmente concesionadas, 80% es lo que se les está reclamando a los concesionarios actuales. Esto implica un reclamo de 200 millones de pesos, a lo que deben sumarse las multas y restarse las compensaciones pedidas por las compañías que resulten válidas para el Estado.

De las declaraciones del vocero del grupo Roggio y las efectuadas por fuentes oficiales, puede deducirse que si las concesionarias y la unidad renegociadora no llegan hoy al «cierre» de los contratos, y no se las habilita para presentarse mañana, alguna podría presentarse ante la Justicia y demorar la licitación.

Un dato llamativo es que si la licitación se paraliza --también hay amenaza de una presentación judicial por entidades contrarias a los peajesdeberían continuar las concesiones actuales aun cuando vencen el 31 de este mes. Y mientras dure la concesión, las empresas seguirán percibiendo los subsidios del Estado que rondan actualmente 325 millones de pesos anuales.