Inician juicio 20 mil jubilados: rechazan el aumento de 15%

El gobierno creyó que adelantando el aumento de 15% a jubilados a través de un diario amigo, como es "Clarín", (y oficializado ayer), escondería el apartamiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia, relacionado con la movilidad de los haberes previsionales. Pero el país sigue acumulando deuda contingente que se supone algún día deberá honrarse, aunque probablemente no les toque a los Kirchner. La novedad, en realidad, es que ya hay presentaciones colectivas que abarcan a cerca de 20.000 jubilados, que reclaman el ajuste de sus ingresos. Estas demandas están radicadas en la ANSeS y en los próximos días llegarán a la Corte Suprema. Si, como se espera, el Tribunal vuelve a fallar a favor de la actualización de los haberes de los jubilados, se complicará más la situación de la Tesorería. El gobierno se escuda en que la responsabilidad de definir el esquema para mejorarlos ingresos jubilatorios depende de lo que defina en este sentido el Congreso, que hace ya más de un año que para accionar en consecuencia se limita a esperar un guiño del Ejecutivo que nunca llega.

Casi con un gesto de tener la soga al cuello, el ministro Carlos Tomada, y el titular de la ANSeS, Claudio Moroni, anunciaron ayer el aumento de las jubilaciones. ¿Será por la avalancha de juicios, o por que falta el dinero?

El gobierno de Cristina de Kirchner enfrentará una andanada de demandas judiciales de parte de los jubilados que tienen postergados sus haberes en los últimos años.

Por un lado, en el último trimestre de 2007 comenzaron a ingresar en los juzgados de todo el país cientos de reclamos individuales. Esto se potenció luego del fallo de la Corte Suprema -por el caso Badaro- que instruye al gobierno, ante la apatía del Congreso, para aplicar un criterio para la actualización de los haberes a todos los jubilados. Por esta sentencia se le reconoce a este jubilado un reajuste de 88,6% entre diciembre de 2001 y diciembre de 2006.

Pero ahora los juicios han adquirido un perfil masivo, donde por ejemplo una sola demanda presentada por la Defensoría de la Tercera Edad, a cargo de Eugenio Semino, involucra el reclamo de aproximadamente 20.000 jubilados. Pero a esta presentación, cuya adhesión cerró a fines de enero, se le irán adosando las cientos que diariamente sigue recibiendo el organismo.

Para el gobierno, que izó la bandera de los derechos humanos como estandarte político, difícilmente sea sencillo sostener la política de reajuste de las jubilaciones. Si bien el gobierno de Néstor Kirchner implementó varios incrementos jubilatorios, la mayor parte estuvieron enfocados hacia la población que cobra el haber mínimo. En tal sentido, desde la Casa Rosada se vanaglorian de que en la gestión del ex presidente Kirchner la jubilaciónmínima aumentó más de 300%. «Pero esto es mentira, advierte Semino, porque cinco años atrás 17% de los jubilados cobraba la mínima y ahora son más de 70%.»

«Para los que cobraban la mínima ($ 200 más el subsidio), el haber sí se triplicó, pero para el resto, aquellos que percibían $ 400 o $ 500, los aumentos sólo representaron $ 50 a $ 100 de mejora», explicó Semino a este diario.

Para el resto de los jubilados, principalmente aquellos que cobraban más de $ 1.000, el aumento en la gestión anterior sólo fue de 36%. De modo que la brecha entre lo que reconoce la Corte y la realidad es de más de 50%.

La contracara del autismo oficial respecto de estos miles de jubilados es la oleada de juicios que deberá enfrentar el Estado. Claro que aunque los funcionarios no lo reconozcan, especulan con la longevidad de los querellantes.

«El 90% de los demandantes que participan de esta actuación colectiva pertenecen al segmento de más de $ 1.000, o sea, son casos Badaro puro, el resto son jubilados que cobraban entre $ 400 y $ 1.000», dijo Semino.

Para el ombudsman de la Tercera Edad el oficio presentado a la ANSeS, hoy a cargo de Claudio Moroni, tendrá como destino final la Corte Suprema y el Congreso. Para ello deberán esperar los 30 días que fija la ley, pero ya descuentan la respuesta negativa del gobierno, por lo que el camino de estas demandas colectivas será el supremo tribunal, argumentando el imposible acceso a la Justicia de más de 1,1 millón de jubilados afectados. Vale señalar que aproximadamente 400.000 casos corresponden a haberes mayores a $ 1.000.

El gobierno sabe que no calmará la bronca de los jubilados que tienen sus haberes postergados desde hace años con este mezquino aumento de 15% firmado ayer por Cristina de Kirchner. Por eso se vislumbra que antes de que sigan llegando demandas a la Justicia, el Congreso tratará de sacar una ley de movilidad de las jubilaciones para aquietar los ánimos.

«Si se lograra esto será un paso importante», afirma Semino.

Se entiende que la administración kirchnerista, que se ufana del mandamiento del superávit fiscal, cuide la caja y soslaye la actualización de las jubilaciones. Sin embargo, lamentablemente, siempre alguien deberá afrontar este pasivo oculto del Estado. Basta con recordar el blanqueo que hizo Domingo Cavallo -Carlos Menem, presidente- cuando pagó juicios y reclamos con miles de millones en Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales (BOCON).