Intenta el gobierno dividir a los gobernadores del PJ

El gobierno nacional decidió ayer endurecer su postura en relación con los gobernadores de provincia del PJ. En primer lugar, mantuvo la cita de la reunión federal convocada para ayer, que se realizó con los mandatarios de la Alianza y de Neuquén (Movimiento Popular Neuquino) y en la que participó Fernando de la Rúa. La jugada se completó con una imputación a la provincia de Buenos Aires (sobre todo a la gestión de Eduardo Duhalde, por el aumento de su déficit) que cuenta con la aprobación tácita de los demás mandatarios peronistas. Esta división será sometida a prueba hoy, si se produce una reunión entre los jefes de provincias chicas, que dudan de adherir a la postura oficial, y funcionarios del Ejecutivo. La foto ampliada, con todos, quedará para otra vez.

La obsesión del consenso permanente, al menos en el nivel de las imágenes, fue suspendida por Fernando de la Rúa por lo menos por unas horas, ayer: el Ejecutivo hizo su propuesta en relación con la deuda que reclaman los gobernadores del peronismo y, en una conferencia de prensa, se anunció que «la Nación acaba de cumplir con los $ 275 millones de fondos sociales que debe por el último Pacto Fiscal», según dijo Cavallo. A su lado estaban Chrystian Colombo, el principal operador de las relaciones federales del gobierno, y Ramón Mestre, quien ocupa el Ministerio del Interior.

En el estrado estaban también varios jefes de distrito de la Alianza o aliados: Aníbal Ibarra, Angel Rozas (Chaco), Pablo Verani (Río Negro), Roberto Iglesias (Mendoza), Jorge Sobisch (Neuquén), José Lizurume (Chubut), Oscar Castillo (Catamarca), el interventor de Corrientes Oscar Ahuad y los vicegobernadores Edelmiro Pauletti (Entre Ríos) y Waldino Acosta (San Juan). La asistencia fue lo suficientemente amplia como para que los ministros pudieran hacer su apuesta: no allanarse a la reunión que, informalmente, los peronistas quieren realizar para hoy (desechando la que De la Rúa había convocado) salvo que los peronistas la pidan formalmente, arrepintiéndose de haber suspendido el diálogo con Olivos. Rozas fue quien impulsó más claramente esta conducta: «Jamás faltamos a una invitación de Menem. Y hoy nos invitó el Presidente y por eso los peronistas deberían haber venido».

La estrategia oficial tiene dos planos que se complementan. El fiscal, por el cual Colombo y Cavallo dispusieron -como sucedía a menudo en tiempos de Carlos Menem-habilitar un confesionario en el cual se negociará con cada distrito el ajuste correspondiente a cambio de una ayuda financiera razonable. Esta metodología cuenta con una carta final: en la Jefatura de Gabinete y en Economía se adelantó ayer a varios mandatarios que «la plata está», al menos para salir del paso con el pago de aguinaldos y sueldos de los próximos días.

El plano político de la jugada oficial tiene otro objetivo: no tanto oponer a justicialistas con radicales como aislar de todos a los bonaerenses. Desde De la Rúa para abajo, en todo el gobierno se han propuesto exhibir la situación de Buenos Aires como calamitosa, una provincia que bordea todos los meses la cesación de pagos y que ahora requiere de $ 1.200 millones de pesos para no caerse antes de fin de año.

Reproche

La «bestia negra» del gobierno nacional -y en alguna medida de los gobernadores del interior-no es tanto Carlos Ruckauf, a quien en Olivos le reprochan algunas embestidas contra el Presidente (se comentaron durante el fin de semana algunas conversaciones sobre la salud presidencial que se mantuvieron el jueves por la noche, cuando el gobernador fue invitado al gremio de Gastronómicos a comer con la CGT). El verdadero blanco del oficialismo es Eduardo Duhalde, a quien le atribuyen un aumento del gasto primario provincial de 40% en su segundo mandato. Es posible que Ruckauf tenga sentimientos encontrados frente a esta «nominación»: nunca quiso denunciar el estado de situación en el que encontró el distrito, con 2.000 millones de dólares en rojo y el banco casi quebrado.

Si los funcionarios del gabinete apuntan sobre Duhalde no es sólo por el desbarajuste fiscal que, casi unánimemente, se le atribuye. Al parecer, él colaboró poco en la buena relación con Olivos: ayer mismo el diario «La Nueva Provincia» lo mostró diciendo que «el país está en una situación anárquica» e insistiendo en que «De la Rúa está enfermo». El comenzó así la campaña electoral como senador. Desde la Rosada, ayer, le contestaron «con el bolsillo», como diría Juan Carlos Pugliese.

No bien terminó el encuentro entre el Presidente, los ministros y los gobernadores no peronistas, comenzaron a sonar los teléfonos del gobierno. Colombo recibió varios llamados del «grupo federal» y Cavallo escuchó a Ruckauf.

Para hoy a las 11 los mandatarios del PJ -casi seguramente todos-se reunirán en la sede del Consejo Federal de Inversiones. Por lo menos algunos de ellos pedirán una entrevista con el gobierno: no se verán casi seguramente con De la Rúa pero sí lo harán con Colombo (Cavallo emprende un viaje a Italia y Alemania). Ruckauf y De la Sota también tratarán de recuperar el vínculo con Olivos. Desde allí se los presentará como «arrepentidos» por haber roto el trato institucional. Algún «arrepentimiento» han de tener, sin duda: por lo pronto, los gobernadores del grupo federal se habían conjurado no aparecer junto a hombres del gobierno hasta tanto Menem no sea liberado en la causa que se le sigue (lo dijeron en un documento cuando visitaron, todos juntos, «Don Torcuato»). Tal vez vuelvan sobre sus pasos hoy, exactamente en el momento en que el juez Jorge Urso está por pronunciarse (casi seguro, negativamente) sobre la libertad del ex presidente.

Más allá de estas escenografías, poder central y administraciones provinciales deberán discutir varios capítulos de las cuentas públicas. Los peronistas, que estuvieron ayer intercomunicados durante todo el día, se conjuraron para no aceptar ningún otro ajuste, sobre todo en vísperas de elecciones. Pero el método de «tratamiento personalizado» que dispuso ayer el gobierno hará casi inútil este tipo de pronunciamiento: en la intimidad del confesionario, cada uno aceptará ajustes y recibirá beneficios que, tampoco en público, podrían concederse.

Cumplimiento

Los gobernadores le dirán al Ejecutivo que no se debe firmar un nuevo acuerdo sino cumplir con el que ya se había suscripto. Inclusive pretenden explicarle a Domingo Cavallo que el Fondo Fiduciario proviene de cesiones que han hecho las provincias sobre fondos coparticipables propios: «Además, si un distrito no cumple con los compromisos por los cuales se le dio acceso a ese financiamiento, queda privado del envío de recursos el semestre siguiente», razonó ayer un ministro de Hacienda provincial delante de este diario. El Fondo se convirtió, sin embargo, para el gobierno nacional en un instrumento supletorio de una metodología fiscal que en la Argentina no existe: el cálculo de déficit consolidado, es decir, la suma del rojo de todos los distritos. Ahora, cada provincia que requiere dinero de esa caja común se transforma en objeto de las miradas y resquemores de las otras. Una manera de ajustarse mutuamente que el gobierno de De la Rúa quiere inaugurar ahora, poniendo a Duhalde y Ruckauf en el banquillo de sus propios colegas.