Intentan frenar amparos contra las privatizadas

El gobierno emprendió otra cruzada en su intento de frenar la avalancha de medidas judiciales que, cree, dificulta la renegociación de contratos con las privatizadas y las empuja a litigar contra el Estado en tribunales internacionales por reclamos a raíz de la pesificación y la devaluación.

Según el argumento que manejan Roberto Lavagna y el procurador del Tesoro, Osvaldo Guglielmino -que militan, sin embargo, en veredas contrarias sobre el método para enfrentar esos reclamos-, cualquier negociación de nuevos contratos para sacar las quejas de los tribunales arbitrales de la CIADI ( creados por el Banco Mundial para resolver problemas entre empresas, que éstas usan para reclamar ahora a gobiernos) se frustra cuando los demandantes esgrimen que la Argentina no es confiable por el régimen jurídico de los amparos.

Ese régimen, dicen las empresas y repite una vieja queja de Economía (que se remonta a los tiempos de la reforma constitucional de 1994 y su reglamentación), permite que cualquier contrato que firme el Estado quede al acaso de una organización o un individuo que se sienta agraviado por la medida. Una camada de jueces imaginativos -señala esa queja-se aficionó en los últimos años a conceder esos amparos y contener cualquier movimiento de tarifas, modificaciones de cláusulas contractuales.

Según Lavagna y Guglielmino, para citar las dos alas del gobierno que se mueven sobre este asunto, las empresas multinacionales concesionarias de los servicios privatizados encuentras más justificativos para acudir a los tribunales CIADI, donde tienen, además, todas las de ganar.

• Perdición

Este asunto lo discutieron a puertas cerradas Lavagna y Guglielmino, apenas éste reemplazó hace un mes a Horacio Rosatti. El ministro sustuvo en esa oportunidad que recurrir a los tribunales internacionales es un camino de perdición donde el país no tiene chance de ganar. No se anima aún a plegarse al criterio de algunos funcionarios del gobierno que se albergan en el mismo edificio donde trabaja otro ministro, Julio De Vido. Estos creen que el país debería negarse a litigar en el extranjero y reivindicar la competencia de los tribunales argentinos.

Duda porque teme el efecto que produciría en los mercados que la Argentina ignorase, además de todo lo que ha ignorado ya en el mundo, los acuerdos de protección de inversiones que en la década del '90 cedieron la jurisdicción a los tribunales extranjeros.

Guglielmino, como su antecesor Rosatti, está más cerca de admitir que se siga discutiendo en esos tribunales extranjeros. Argumenta que el país no puede permitirse una «argentinada» más y que la letra de esos acuerdos de protección de inversiones es clarísima en cuanto a la renuncia que se hizo a la jurisdicción local. Como Lavagna prefiere esperar a que esos convenios venzan con el tiempo -algunos ellos terminan a fin de este año-, e intenta que en el medio se recuperela política que aplicaron los gobiernos de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde: condicionar cualquier renegociación de contratos a que las empresas levanten litigios.

Guglielmino, mientras tanto, se tiene confianza ante los tribunales internacionales. El miércoles que viene parte hacia París -ciudad que aún no conoce-para enfrentar a la empresa Azurix, que reclama nada menos que u$s 400 millones por un contrato para la provisión de agua y servicios sanitarios en la provincia de Buenos Aires.

Estará allí 15 días, parte de los cuales empleará en tomar clases de «coaching» -retórica, oratoria y argumentación dialéctica, con una pizca de performance actoral-, para participar en el juicio oral, que le brindarán miembros del estudio parisino contratado como asesor en este litigio por el gobierno argentino.

Guglielmino visitó dos veces en la última semana el Congreso defendiendo la idea -originaria de Lavagna-de promover esa ley que impida la avalancha de amparos que refuerce la seguridad de las renegociaciones. Ese tema lo conversó con miembros de la comisión de renegociación de contratos, la misma que vigila los llamados poderes delegados al Ejecutivo por la ley de emergencia que se renueva cada doce meses y que preside el radical Ernesto Sanz (se llama Comisión Bicameral de Seguimiento de Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo, Ley 25.561).

Ante esa comisión sondeó este formato para una nueva reglamentación de los amparos: que las acciones que emprendan particulares y las ONG contra contratos renegociados no sean tratados por los jueces nacionales sino que se concentren en un solo tribunal, la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo que tiene sede en la Capital Federal.

Ese tribunal, de prosperar esa iniciativa, recibiría en una suerte de «per saltum» todos los reclamos. Desde ya que el Ejecutivo, algo que no puede quedar por escrito, emplearía sus esfuerzos para que ese tribunal, que preside Pablo Gallegos Fedriani (figura en la lista corta de candidatos a la Corte Suprema de Justicia), falle en favor de la estabilidad de nuevos contratos.

• Monto descomunal

Si esa ley se sancionase, dice el argumento, las empresas han manifestado que estarían en condiciones de admitir la cláusula de que la renegociación está supeditada al levantamiento de los litigios. Esa pauta, dice el procurador del Tesoro, limpiaría además el padrón de empresas que litigan hoy al Estado por un monto descomunal, superior a los u$s 17 mil millones. Aquellas firmas que mantienen negocios en la Argentina aceptarían de inmediato la renegociación de contratos para normalizar sus actividades en país. Otras, como la Azurix, que reclaman sólo dinero quedarían aisladas en su pretensión y ante ellas el gobierno cree tener argumentos fuertes para ganar el litigio.

En el caso de Azurix, ligada a la Enron de triste fama, el Poder Ejecutivo lleva un argumento que cree ganador; dice haber comprobado que el contrato de esa firma llega a los u$s 400 millones -contra los u$s 70 millones que ofreció la que salió segunda en la licitación-por el interés de sus propietarios en levantar el valor de acción en la Bolsa de Nueva York y ganar antecedentes como prestador de servicios públicos pensando en licitaciones en otros países.

Entusiasmado con este argumento flamígero Guglielmino va en coche al tribunal de París, donde los árbitros que actúan bajo el paraguas de la CIADI son abogados de otras compañías, lo que les da la oportunidad de acuñar como «jueces» la jurisprudencia que los beneficiará luego como litigantes. Encima, por ese rol de árbitros, deben « sufrir» el agravio de cobrar u$s 2 mil por jornada laboral de ocho horas. Todo muy tercermundista.