Intentará el gobierno trabar ejecuciones con más burocracia

El 1 de febrero vence la suspensión voluntaria de ejecuciones de deudores morosos que habían acordado las dos principales cámaras bancarias. Si bien las entidades prefieren negociar directamente con sus clientes, el gobierno insistirá con la aprobación de un polémico proyecto que establece una mediación extrajudicial. El senador santafesino Oscar Lamberto confirmó ayer a este diario que en el Congreso están dispuestos a volver a tratar el tema en la primera quincena de febrero, en sesiones extraordinarias. Sería una nueva instancia que difiere la posibilidad de que el acreedor inicie un juicio que culmine en la ejecución del inmueble o la garantía otorgada. El FMI se opone a cualquier interferencia y exige que cualquier medida de este tipo sea aceptada primero por el acreedor. En principio, esta nueva legislación apuntaba a empresas, pero la intención es incluir a pequeños deudores que tomaron créditos con bancos o fuera del sistema financiero.

Por pedido directo del gobierno, el Congreso desempolvará en las próximas semanas el proyecto de ley que permite la mediación extrajudicial entre deudores y acreedores antes de la instancia de la ejecución. Aunque el texto que se había consensuado el año pasado abarcaba sólo a empresas, la idea sería ampliarlo también a los pequeños deudores tanto bancarios como extrabancarios, lo que implicaría multiplicar el número de ejecuciones frenadas.

El tema vuelve a cobrar gran interés porque a partir de febrero (es decir, la semana que viene), vence el plazo de suspensión de ejecuciones voluntarias que en noviembre habían acordado las principales cámaras bancarias con el gobierno. De todas formas, las entidades aseguran que ahora prefieren negociar caso por caso (ver aparte).

El proyecto que volverá a estar bajo análisis, denominado Programa de Negociación para la Reestructuración Abreviada, le da 60 días de plazo al deudor para llegar a un acuerdo con el acreedor, con la participación de un mediador extrajudicial.

Esta iniciativa fue conversada preliminarmente ayer entre el ministro de Economía, Roberto Lavagna, y los jefes de bancada del justicialismo. También se puso al tanto de esta alternativa el titular del BCRA, Alfonso Prat-Gay. Inclusive ayer el peronista Oscar Lamberto confirmó que para este tema habría consenso para sesionar en febrero.

• Rechazo

El Fondo Monetario Internacional había rechazado el año pasado esta iniciativa porque implicaba una modificación de la Ley 24.522 de Concursos y Quiebras. Sin embargo, ahora cambió esta postura, ya que en el punto 32 (es el último) del acuerdo alcanzado con el FMI se estipula que el gobierno enviará «un paquete de modificaciones definitivas a la Ley de Quiebras, que quedarán listas para que el nuevo gobierno las presente al Congreso».

Por otra parte, el artículo 31 del acuerdo señala que se elaborará un proyecto de ley para que las empresas gocen de la «suspensión temporaria de la ejecución» cuando exista una mayoría calificada de acreedores». Si bien se hace referencia sólo a las empresas, los legisladores también quieren incluir en este régimen a deudores individuales.

El artículo 30 indica, en tanto, que el gobierno asegurará que no se tomen medidas «no voluntarias», que limiten la actuación de los acreedores. Por lo tanto, cualquier proyecto que salga deberá contemplar la aprobación explícita del acreedor para acceder a una media-ción extrajudicial (u otro tipo de alternativa que se encuentre).

El proyecto que se elaboró el año pasado distinguía entre pequeños y grandes deudores. La idea central es que deudor y acreedor se pongan de acuerdo respecto de un nuevo esquema para el pago de deuda, que puede incluir quitas de capital, alargamiento de plazos o reducciones de la tasa de interés.

Esta negociación sería un paso previo a cualquier acción judicial por parte del acreedor, que pueda terminar en ejecución. Durante este proceso de mediación extrajudicial, el deudor no puede pedir su concur-so preventivo o solicitar su quiebra.

El deudor deberá concurrir a las audiencias de mediación personalmente y con asistencia de un abogado. En tanto, el mediador debe establecer si las audiencias las realiza en forma conjunta, con todos o parte de los acreedores, o en forma individual con cada uno de ellos.

Para renegociar la deuda, es necesario que el deudor consiga la aprobación de por lo menos 51% de los acreedores.

Una de las cuestiones más novedosas de este esquema es que -de aprobarse-les brinda un privilegio a los nuevos créditos que reciba la compañía en problemas. Esos préstamos tendrán prioridad de cobro sobre la deuda caída.