Se reinauguró anoche el tren Buenos Aires-Santa Fe, en medio de un creciente interés empresario por la reapertura de ramales ferroviarios a las principales ciudades del interior. El servicio a Santa Fe quedó a cargo de Trenes de Buenos Aires (TBA), que tiene la concesión de los ferrocarriles interurbanos Mitre y Sarmiento, y que ya llegaba hasta Rosario.
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El tren hará el servicio Buenos Aire-Rosario-Santa Fe una vez por semana, a un precio de 15 pesos el pasaje, lo que marca una fuerte diferencia con lo que cuesta el boleto de micro (alrededor de 40 pesos). TBA tiene adjudicada la ruta Buenos Aires-Rosario, pero sin exclusividad, por la última modificación del contrato, que está en vías de renegociación.
Para llegar a Santa Fe, el gobierno actual le otorgó una autorización provisoria por 60 días, renovable a su vencimiento. Según voceros de la empresa, llegar a Rosario o a Santa Fe tiene un efecto neutro sobre las cuentas de TBA. Sin embargo, la concesionaria, al igual que otras empresas privadas, está interesada en el negocio de la reapertura de ramales que impulsa el gobierno de Néstor Kirchner.
Si el Estado se ocupa de la recuperación de las vías y entrega locomotoras y vagones, aunque éstos deban ser reparados por las empresas privadas, el tren sería competitivo con el transporte automotor de larga distancia (en ambos casos, con gasoil subsidiado) y se convertiría en un buen negocio. Por ahora, el problema es la duración de los viajes en tren debido al estado de las vías, preparadas para los trenes de carga.
Se estima que recuperar un kilómetro de vía tiene un costo de 100.000 pesos, por lo cual se necesitarían 60 millones para reparar el trayecto a Santa Fe e igualar el tiempo del viaje con el del micro. TBA, al igual que la empresa que opera Buenos Aires-Tucumán, también está interesada en el ramal a Córdoba, pero el gobierno nacional debe definir todavía si pide a la provincia el material rodante que le cedió cuando cerró el servicio y se invierte en la recuperación de las vías.
Se entiende que si se decide a invertir, el gobierno fijará normas para la adjudicación y la prestación del servicio, mientras hasta ahora todo se mueve dentro de lo provisorio.
