Inversiones: prioridades y eficiencia

Tanto la ministra Felisa Miceli como su antecesor, Roberto Lavagna, como casi todos los economistas de nota, empezando por Miguel Angel Broda, consideran que para crecer a 5% a 6% anual, la tasa de inversión debería aumentar del actual nivel del orden de 22% en varios puntos.

Broda considera que para este objetivo se requiere una tasa de 28%. Pero lamentablemente esto no es posible. Menos mal que está equivocado. Comencemos por destacar que el actual nivel, si bien nominalmente es semejante a los mejores de la convertibilidad, es en realidad más bajo.

En primer término, porque incluye los celulares, que no son bienes de capital sino de uso duradero; en segundo, porque los precios relativos se modificaron en desmedro de la inversión: los bienes de capital importados subieron en pesos al triple, los de fabricación local algo menos y la construcción más de 100%, mientras los precios de bienes de consumo subieron 75%. Entonces, en términos reales estamos invirtiendo menos que en la década del 90. Finalmente cabe destacar que la participación de la construcción de viviendas, en especial de lujo, es alta, no siendo inversión reproductiva que contribuye al futuro crecimiento.

No hay posibilidad financiera para aumentar la tasa de inversión. Las inversiones locales se financian con ganancias, que son limitadas, más con la política de ingresos del gobierno.

Las extranjeras sólo vienen para complementar empresas existentes, para minería y algún caso puntual más. Es comprensible que sean moderadas. Por otra parte, el ahorro tiende a ir a dólares billete o fugar al exterior, lo cual también es comprensible. En cuanto a préstamos bancarios, la participación de créditos para consumo es muy alta, de modo que de un volumen de crédito de por sí menguado después de la devaluación, para las empresas queda poco.

Prioridades

En estas condiciones, el criterio de prioridad pasa a primer plano. Podemos crecer con una baja tasa de inversión a condición de que invirtamos bien. En el sector privado se supone que el mercado orienta correctamente las inversiones; pero no siempre es así. Por ejemplo, las inversiones en nuevos supermercados no son prioritariasni necesarias, ya que, en definitiva, sólo quitan ventas a los ya existentes. En la década del 90, las dos últimas fábricas de automotores que se instalaron estuvieron de más, ya que llevaron a que toda la industria operara con una menor utilización de su capacidad, lo que implica mayores costos. Otras inversiones, como la de la fábrica de pan Bimbo, simplemente desplazaron a la empresa ya existente, Fargo. En el sector público la inversión depende de una decisión política, que en general no se atiene a criterios racionales de prioridad.

Letra muerta

La Ley 24.354, de 1994, que crea el Sistema Nacional de Inversiones Públicas, es letra muerta. En este momento la prioridad uno es la generación de energía eléctrica. Sin embargo, se invierte en toda clase de obras no prioritarias (como la reactivación de los talleres ferroviarios de Tafí Viejo o la mina de carbón de Río Turbio), y poco y nada en electricidad. Muchas inversiones públicas se deciden con criterio electoral, que no es el adecuado.

Las empresas privadas invierten con eficiencia, o sea procuran la mejor relación entre inversión y ganancia esperada, para lo cual cuidan los costos de inversión y emplean la mejor tecnología.

A veces se equivocan; pero esta es la excepción. En cambio, en el sector público la inversión ineficiente es la regla. Por eso, cuando se privatizaron empresas estatales y se concesionaron inversiones públicas, no sólo el Estado se desligó de las inversiones, con el consiguiente alivio financiero (lo que permitió aumentar fuertemente el gasto social), sino que hubo un beneficio de mayor eficiencia para toda la economía. O sea que con los mismos recursos, los privados hicieron mucha más inversión física.

Está el caso de las empresas eléctricas sucesoras de Segba, que inmediatamente implantaron el ciclo combinado, que permitía potenciar usinas existentes, con una óptima relación de inversión a generación de energía. Esta tecnología ya existía hace mucho, pero el Estado-empresario fue incapaz de utilizarla. Hay muchos otros ejemplos de este tipo. Pero lo más grave es la demora en las inversiones estatales, que conlleva mayores costos por intereses intercalares y gastos improductivos de los contratistas, impidiéndoles utilizar métodos capital-intensivos, ya que los equipos quedan ociosos demasiado tiempo. Por regla, el Estado emprende más obras simultáneas de las que puede financiar, con lo cual la ejecución se hace más lenta en todas, lo que implica mayores costos. Yacyretá finalmente costará más de u$s 10.000 millones, cuando debió haber costado menos de u$s 4.000 millones. O sea que con el mismo dinero una empresa privada hubiera hecho dos Yacyretás y medio. Esto se debe en mínima medida a corrupción. Supongamos que se hayan robado u$s 1.000 millones, lo que sería una enormidad, quedan otros u$s 5.000 millones, que se explican por la demora y la ineficiencia instrínseca de la administración estatal. En mayor o menor medida, este fenómeno se repite en todas las obras públicas estatales.

Conclusión

Si quienes conducen la política económica tienen en cuenta los criterios expuestos, no necesitan preocuparse tanto por un aumento prácticamente imposible de la tasa de inversión. Para ello no pueden seguir decidiendo cada inversión pública por separado, sino que tienen que contraponerlas para establecer prioridades, lo cual no es una tarea fácil. Pero el Ministerio de Economía está lleno de economistas, muchos de buen nivel, a los que no les sería difícil efectuar los correspondientes análisis, de modo que se descarten inversiones absolutamente no prioritarias y se determinen los motivos por los cuales otras pueden tener prioridad. Ello facilita luego la decisión política final en los altos niveles del gobierno.

Aparte de esto, para lograr la mayor eficiencia macroeconómica posible es necesario que se derive a la empresa privada todo lo que se pueda, que es mucho más de lo que efectivamente se hace. La concesión es siempre una forma más eficiente de invertir que la obra hecha por administración directa del Estado, aunque haya que subsidiarla. Pero ése no parece ser el criterio vigente actualmente.