A lo sumo en tres meses, todas las jubilaciones, pensiones y beneficios similares serán depositados en Cajas de Ahorro Previsionales, una figura que crea ayer el Decreto 895 sin dar demasiados detalles sobre sus características.
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En línea con lo anunciado el miércoles a la noche por el ministro Domingo Cavallo, la norma dispone que todas «las prestaciones previsionales, cuyo pago se encuentra a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) se harán efectivas únicamente mediante su depósito en Cajas de Ahorro Previsional abiertas a nombre de sus respectivos beneficiarios».
Dichas cuentas deberán estar radicadas «en las entidades financieras autorizadas por el Banco Central». Para abrirlas, la ANSeS tendrá un plazo de hasta tres meses; por su parte, la autoridad monetaria que preside Roque Maccarone determinará las condiciones de funcionamiento de dichas cajas de ahorro. Se aclara que «la operatoria (...) no generará costo alguno para la ANSeS ni para sus beneficiarios».
Cabe recordar que hasta ahora, la mayoría de los jubilados de la Argentina recibía en sus hogares, todos los meses, una orden de pago emitida por la ANSeS, y debían concurrir al banco designado para el pago, hacer largas colas y cobrar en efectivo.
Esto, desde todo punto de vista, es un despropósito, sobre todo porque se obliga a gente mayor no sólo a permanecer a la espera del pago largos períodos, sino que, además, se la pone en riesgo cierto de ser asaltada una vez percibidos sus (en general) magros haberes. La medida instrumentada ayer, desde ya, no tiene como intención última evitar colas y robos, sino fomentar el pago de bienes y servicios con tarjeta de débito para «blanquear» la economía lo más posible, pero generará como «beneficio secundario» el fin de esos dos insólitos.
De hecho, varias entidades financieras pagadoras habían ya instrumentado el régimen que ahora se hace obligatorio, entregando a los jubilados tarjetas de débito sin cargo y abriéndoles cajas de ahorro en la sucursal donde tenían radicado el pago. Ahora el beneficio será para todos quienes perciben haberes previsionales.
Las jubilaciones mueven la nada despreciable cifra de u$s 17.000 millones anuales, y sus beneficiaros rondan los 3,5 millones, desde ya, una masa importante de clientes (en su gran mayoría) que se agrega a la (escasa) porción de población bancarizada. Los considerandos del decreto indican que la medida permitirá, además, reducir los costos operativos del pago de esos haberes, y promete el acceso al sistema financiero y crediticio formal para esos nuevos clientes, «del que hoy están excluidos».
Agrega que los bancos ya tienen experiencia en esta clase de operatoria con los trabajadores activos, por lo que la instrumentación con los jubilados no debería presentar grandes problemas. Y se menciona que la bancarización del sistema, al no realizarse los retiros en su totalidad y en una fecha fija, les permitirá «beneficiarse con los intereses correspondientes». Desde ya, este beneficio será ínfimo.
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