¿Justicia libre u oportunismo?

El presidente de la Nación más exitoso, de los últimos cincuenta años, está cautivo por una decisión opinable sobre un delito menor. La detención del Dr. Carlos Menem demostró que nombrar jueces no garantiza su adhesión. Seguramente, el juez vivió el desgarro de la disyuntiva entre la lealtad al que lo nombró y el deber de su cargo, repitiendo episodios que la historia registra en tantas ocasiones. Como el dramatizado por Henry II y San Tomás a Becket. Una enseñanza es que, para afianzar la Justicia, lo aconsejable es nombrar a los más capaces en lugar de a los amigos. De esa forma queda el consuelo de haber contribuido a mejorarla, que tanta falta le hace.

El juez demostró independencia a las presiones de la lealtad a quien lo designó. Pero eso no significa independencia respecto de las otras pasiones, y presiones del medio ambiente, de la opinión pública, o de otras conveniencias. El magistrado experimentó en carne viva la disyuntiva del poder: la opción de elegir entre el deber y el interés personal. Repitiendo palabras que Mariano Grondona atribuye a James Wilson, experto en corrupción, «el drama del poder es que pone a personas ordinarias frente a tentaciones extraordinarias».

La decisión del juez conmovió al mundo entero y su figura alcanzó una dimensión mayúscula. Muy por encima de las corrientes de un juez. Su determinación no hubiera alcanzado tamaña difusión de no haber dictado la detención del ex presidente. Atento a que el delito atribuido era menor, fueron necesarias dos decisiones complementarias. Por un lado, agregar la figura de la asociación ilícita, sin la cual los eventuales delitos no serían carcelables. Por el otro, la cautelar de la prisión preventiva. Ahora bien, declarar la asociación ilícita, de un grupo de funcionarios del máximo nivel del Poder Ejecutivo, sin antecedentes delictivos, y solamente sospechados de una infracción menor, resulta una decisión extrema y discutible.

De generalizarse, este criterio, y agregarles la asociación ilícita a delitos o contravenciones menores aumentaría enormemente las sanciones, al solo arbi-trio del juez. La prisión para acciones que no la encuadran. Por otra parte, esa posibilidad eleva los riesgos de su cargo para todos los dignatarios de los tres poderes del Estado. Para los que actuaron en el pasado, para los actuales y para los futuros así como para el resto de la ciudadanía. Cualquier ministro, legislador o juez puede, a partir de esta figura, ver agravadas sus responsabilidades, asegurándose la prisión ante distintas eventualidades, muchas veces opinables, en el ejercicio de sus funciones.

Es más, ¿qué sucedería si un magistrado declarara la asociación ilícita de un poder ejecutivo en funciones? ¿O del Senado de la Nación? ¿O de la mismísima Corte Suprema? Irónicamente, la lentitud de nuestra Justicia excluye de esa posibilidad a todos los gobiernos, salvo los exitosos. Porque solamente una administración exitosa podría ser reelegida y permanecer el tiempo necesario para ello.

Recordemos que estas actuaciones se han extendido por seis años y aún le restan muchos más para arribar a una sentencia firme. No es solamente llamativa una asociación ilícita entre funcionarios del máximo nivel del Ejecutivo que se han ocupado del bienestar de la población y sin haber sido sancionados por cometer delito alguno en toda su vida pública. También llama la atención que el segundo resorte al que debió recurrir el juez es la prisión preventiva. Esta es igualmente una medida grave, con la cual un ciudadano inocente queda privado de su bien más preciado, su libertad.

Gratitud

En el caso particular del presidente Menem no sería posible que utilizara la libertad para cometer otros delitos similares ni es probable que huyera del país. Luego de una vida dedicada a la función pública no tiene antecedentes delicti-vos. Y si resolviera huir de su país, el ostracismo sería ya un suficiente castigo. Por ello, la prisión preventiva parecería una medida evitable, en este caso. Las mismas consideraciones merecen el general Balza y los demás funcionarios.

No se puede tratar a dos personas, por ahora inocentes de todo crimen, que dedicaron su vida entera a la función pública como si fueran reos comunes, donde la prisión preventiva se justificaría para evitar nuevos crímenes o su fuga. Un mínimo de consideración y gratitud hacia estos funcionarios los debería eximir de la prisión preventiva para aguardar la sentencia en libertad. Hay gente que festeja la supuesta independencia de la Justicia.

Pero independencia no es comportamiento arbitrario u oportunista. Lo deseable es que ese poder vele por la defensa de la Constitución y las leyes de la Nación. Puesto que la Justicia sólo es independiente en cuanto cumple con sus funciones de sostener los derechos de los ciudadanos. Por otra parte, el presunto delito sería el de falsedad ideológica. Este surgiría de que las armas habrían ido a dos países distintos a los que se detallan en el decreto.

Es conocido que estos comercios de armas tienen demasiados intermediarios. Que apareciera un destino primero y que las armas terminaran en otro perece propio de estos negocios. Estoy seguro de que las armas adquiridas por nuestro país, en ocasión de Malvinas, no tuvieron ese destino declarado. Ya que los fabricantes de las mismas eran países del Primer Mundo aliados de la Gran Bretaña.

Estos negocios suelen tener aspectos totalmente oscuros y si no podemos digerirlos lo aconsejable sería cerrar Fabricaciones Militares o impedirle las ventas al exterior. No conozco los detalles de la operación, en la que nuestro Estado vendió armas al exterior. Para ilustrar a nuestra gente sería interesante investigar las demás transacciones de armas, tanto de compra como de venta. Quizás encontremos que facetas que nos parecen intolerables sean características constantes de estos negocios. Con esta venta se ha aliviado al erario y nuestros vecinos podrían tener la tranquilidad de que no nos interesa armarnos.

Una vez más, pareciera que, en nuestro país, el crimen está en la venta de activos del Estado. En mi libro «Dolarizar: El Fin de las Monedas Nacionales» sostengo que la diferencia entre las naciones radica en sus instituciones. Los países son pobres o ricos según la calidad de la protección de los derechos individuales y de la propiedad. En esa obra propongo iniciativas tendientes a esa finalidad y destaco que la función original y principal del Estado es la Justicia.

Con esa finalidad, nuestra población debe ser educada e informada. Hoy, buena parte de nuestra gente piensa que es «el modelo» instaurado por el Dr. Menem el causante de nuestras desdichas. Y no recuerda que durante la década en que ejerció la presidencia, la Argentina fue el país cuyo ingreso por habitante creció más, entre todos los del continente americano, período en que se duplicó. En un ambiente de la mayor paz y libertad conocida en toda nuestra historia.

Con esos antecedentes, mantener preso por una causa menor, que permanecerá por mucho tiempo más sin sentencia, a un presidente de la Nación de tamaña dimensión y hasta la fecha inocente de todo otro delito, confirma nuestra condición de nación imprevisible y de instituciones frágiles. Otra vez, el reino del revés. Mientras tanto, nuestro presidente constitucional más exitoso y más respetuoso de la libertad de expresión de los ciudadanos, de los últimos 50 años, está preso. Sin libertad. Porque las armas terminaron en otro lugar que el decretado.

Que no significa en el lugar equivocado. En cambio, otros gobernantes y legisladores que sancionaron leyes y decretos prometiendo la estabilidad, el crecimiento, la solvencia fiscal y tantos otros compromisos nos sumieron en las mayores devaluaciones, inflaciones, déficit fiscales y caídas de ingresos. Incluso, quien prometiera durante la campaña: «En mi gobierno un peso igual a un dólar» no tuvo reparos en enviar un proyecto al Congreso proponiendo, en su lugar, un peso igual a 50 centavos de dólar más 50 centavos de euro.

La clase política entera permanentemente y constantemente incurre en falsedad ideológica, desvío de fondos, etc. Parecería que la falsedad ideológica que más cuesta a la población no merece sanción ni procedimientos judiciales. La Justicia es un organismo que debe controlar sus resoluciones. Ella puede actuar velozmente para evitar prolongar el martirio del presidente más destacado de la historia reciente.

El juez, en primer término, podría evaluar que no sea aplicable la figura de la asociación ilícita o que no se justifica la prisión preventiva. En toda su larga trayectoria, el Dr. Menem habrá enfrentado innumerables «tentaciones extraordinarias» además de las constantes trampas que nuestras normas tienden a quienes realizan cambios de magnitud. Que solamente se le impute el cambio de destino de las armas merecería un diploma y una consideración especial.