La Comisión Bicameral del Parlamento aprobó el acuerdo alcanzado entre el Poder Ejecutivo y la distribuidora Edelap, aunque todavía falta que el dictamen sea tratado en ambas cámaras. De esta forma, el gobierno logró el avance que estaba buscando en el Congreso y que motivó la semana pasada la intervención del presidente Néstor Kirchner, quien habló por teléfono desde Alemania con la diputada Graciela Camaño, una de las más influyentes de la Bicameral.
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El objetivo del Poder Ejecutivo es demostrarles al Fondo Monetario y al resto de las privatizadas (que se resisten a seguir la posición adoptada por AES, controlante de Edelap),que tiene intención de reencauzar la renegociación de los contratos.
El dictamen que fue aprobado por mayoría, con oposición del radicalismo y del ARI, plantea varias observaciones que debería tener en cuenta el gobierno al efectuar la revisión integral. Entre ellas, el dictamen indicó que «es necesario disponer la comercialización en oferta pública de un porcentaje de las acciones» para evaluar la diferencia de cotización en el activo.
La Bicameral también recomendó que se determine el sistema «de control de la ejecución del contrato», «el control adecuado de los pasivos estableciendo un nivel de endeudamiento aceptable y la supervisión temporal de los parámetros de rentabilidad de la empresa».
• Recomendación
Asimismo, según el dictamen, los incentivos para garantizar el programa de inversiones no deben pasar solamente por la aplicación de multas derivadas de la calidad del servicio, sino a «la preservación del valor de los activos concesionados y al valor final de la venta de la compañía a la extinción del plazo de concesión». (En el contrato original, el único mecanismo de estímulo a la inversión eran las multas por la prestación del servicio.)
La Bicameral también recomendó:
• Reducir los plazos para que Edelap cancele las multas impagas.
• Limitar al período de transición (2005), la exención de responsabilidad por restricciones de abastecimiento en el mercado mayorista eléctrico.
• Incluir el desistimiento de la concesionaria y accionistas «en forma íntegra e incondicionada» a sus reclamos por la emergencia (juicios contra el Estado ante el CIADI, tribunal arbitral del Banco Mundial), como condición previa a la firma del acuerdo.
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