La CGT saca una tajada más del blindaje: $ 51 millones

El blindaje, hasta ahora, benefició a la mayoría de los sectores del país exclusivamente en la papelería que hizo pegar el gobierno en las paredes de las ciudades. En cambio, los que sí pueden agradecer por ese auxilio financiero son los gremialistas. Por un lado se les distribuyen 37 millones de pesos por aportes de origen no identificados a sus obras sociales. Por otro, se les otorgan otros 51 millones de pesos, esta vez por los monotributistas que pagan $ 20 al mes por su cobertura sanitaria pero todavía no eligieron a qué entidad destinar esa contribución. Los gremialistas que en su momento decidieron afiliar a monotributistas a sus entidades han cobrado un premio inesperado: los 51 millones de pesos que el Ministerio de Salud decidió repartir entre 8 entidades. De los contribuyentes inscriptos en el régimen de monotributo, sólo 16% optó espontáneamente por una cobertura de salud determinada. El resto (84%) sigue haciendo su aporte pero su obra social le fue asignada por la Superintendencia de Salud. Es decir, son individuos que además de tener que realizar un pago compulsivo a las "cajas" sindicales, estarán en adelante afiliados a una entidad que no eligieron. Se puede decir que el régimen ideado por el gobierno previó la libre elección para esos nuevos contribuyentes. Pero hay un dato inocultable: 84% de beneficiarios con obra social indeterminada es un universo suficientemente amplio como para que el Estado debiera consultar sobre el destino de su dinero a esos aportantes. En cambio, el ministro Héctor Lombardo y el superintendente de Salud, Rubén Cano, prefirieron este jubileo entre gremios cuyo único mérito es el de tener ya monotributistas en su padrón.

Los sindicalistas que por molicie, mala suerte o rechazo del público no consiguieron seducir a los monotributistas desde sus obras sociales, han comenzado a llorar amargamente, como Armando Cavalieri. Nunca supusieron que se combinarían varios factores en un solo resultado: un jubileo de 51 millones de pesos que se repartirán entre los que, aunque pocos, tengan a contribuyentes del monotributo en su padrón. Son muy pocos, apenas 8 sindicatos.

Desde que se creó la categoría de monotributistas, ese tipo de aportantes tiene la obligación de destinar $ 20 por mes a una entidad sindical de cobertura médica, que deben elegir. Sin embargo, unas veces por rechazo al sistema gremial de atención y otras por realizar desde antes un pago a alguna empresa privada, la cantidad de individuos que no ha explicitado a qué obra social quiere que le deriven su dinero asciende a 84 por ciento.

Ese universo parece bastante amplio como hacerle ver a algún funcionario que existe, en el caso de los monotributistas, algún error de método. O, por lo menos, para hacer aconsejable una consulta de tal manera que, quienes no la hicieron, formulen su opción. No son los caminos elegidos por Héctor Lombardo, el ministro de Salud, ni por Rubén Cano, el superintendente de obras sociales. Ellos se inclinaron por otra estrategia: aprovechar ese vacío de información para halagar a un conjunto de sindicalistas. No son los que menos deudas tienen, tampoco los que mejores prestaciones realizan. Los gremios a los que Cano y Lombardo decidieron derivar los $ 51 millones que se corresponden con los aportes de aquel 84% de monotributistas son los que ya tienen a ese tipo de contribuyente en su padrón.

Sin consulta

Los argumentos del ministro y su superintendente son razonables solamente dentro de la red de resoluciones en las que se excusan. Pero no llegan a justificar que se haya derivado semejante cantidad de aportes privados a tal o cual institución sin por lo menos realizar una consulta a los afectados por la decisión. Pero no es en este punto que hay que prestar atención especial sobre el manejo de esta «caja». ¿Cuándo comunicarán Lombardo y Cano a cada uno de esos monotributistas cuál es la entidad a la que tienen derecho a recurrir? Cada día que se demoren en hacerlo se incrementará el negocio montado en beneficio de esas 8 entidades. Son obras sociales que estarán recibiendo los $ 20 de aporte pero que no tendrán un gasto como contrapartida, sencillamente porque no se les avisó a los afiliados que tienen la posibilidad de usar los servicios. Es decir, ese dinero será un ingreso que, por un tiempo, no se corresponderá con ningún gasto.

La salvedad es pertinente porque una vieja irregularidad ha alimentado «cajas» paralelas, trayectorias políticas y patrimonios personales en el negocio de la cobertura médica. En el PAMI, por ejemplo, rigió durante años la costumbre de contratar un servicio, pagar la cápita correspondiente a una cantidad importante de jubilados, pero avisarles a éstos dos o tres meses después sobre la existencia del nuevo servicio. De este modo, la cápita que se comenzaba a pagar era ingreso puro, sin posibilidad de gasto alguno. Desde luego, ese dine-ro se compartía entre el funcionario y los prestadores que se prestaban a la tramoya. O directamente iba íntegramente para el funcionario actuante, como pago por haber concedido la contratación.

Es posible que actualmente no se registren irregularidades de este tipo pero el ministro Lombardo, que es un viejo conocedor del sistema médico metropolitano, conoce muy bien la desviación. Es de suponer que no la pondrá en práctica y, más bien, tendrá alguna iniciativa para evitar que se produzca por alguna distracción.

Paro

La iniciativa que se describe aquí, que entrega $ 51 millones a un conjunto de 8 sindicatos, es sólo un capítulo de la política actual en relación con el sindicalismo. El otro capítulo son los $ 37 millones que se repartieron por aportes de origen no identificado. Uno y otro rubro suman $ 88 millones pero los gremios siguen apostando a un paro que debería realizarse a comienzos de marzo, acompa-ñado por una movilización capaz de arruinarle a Fernando de la Rúa su exposición ante la Asamblea Legislativa el día de inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso. Claro, los jerarcas del gremialismo (aquí no hay CGT de ninguna especie, se benefician tanto la de Hugo Moyano como la de Rodolfo Daer) esperan $ 180 millones más por prestaciones de alta complejidad que, dicen, se les adeudan (habría que ver quién audita la documentación de ese pasivo, entre otras cosas). En otras palabras, el paro que le prometen al Presidente cuesta hasta ahora $ 288 millones de pesos. El gobierno pare-ce, hasta ahora, dispuesto a pagarlos. Es su afán por incorporar al oficialismo a un sector que, ya en la experiencia radical de los '80, demostró su capacidad para carcomer a los gobiernos desde su seno. En aquel momento fue con Carlos Alderete como ministro de Trabajo. Ahora la táctica es más insólita: cobran y paran, al mismo tiempo. Un fenómeno tan extraño obligará dentro de poco a revisar la idea de que a Lombardo y Cano los mueve, solamente, una infinita ingenuidad.