2 de agosto 2023 - 15:38

La deuda flotante subió a $1,4 billones (mientras proveedores reclaman el pago de facturas atrasadas)

Es el cálculo de la Oficina de Presupuesto del Congreso. El año pasado el stock había cerrado en $1 billón. La Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE), en tanto, pide acelerar la cancelación de facturas pendientes.

La deuda flotante subió a $1,4 billones.

La deuda flotante subió a $1,4 billones.

En los primeros seis meses, los gastos que todavía no fueron abonados por el Gobierno ascendieron a $1,4 billones, de los cuales $1,3 billones corresponde a una nueva deuda contraída este año, según indica en su monitor la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC). De ellos, el 40% pertenecería a empresas pymes proveedoras del Estado.

Ese tipo de crédito “comercial” que va tomando el Estado representa aproximadamente el 75% del déficit fiscal acumulado en los primeros siete meses del año. En algún momento se va a tener que pagar. No está claro todavía qué se ha resuelto entre Argentina y el FMI respecto de este punto.

Un dato a tener en cuenta es que entre octubre y diciembre del 2022, la deuda flotante pasó de $628.885 millones a $1,03 billones. Es decir, que para poder cumplir con la exigencia del 2,4% del PBI de rojo que exigía el Fondo, se dejaron de pagar unos u$s400.000 millones. Parte de eso se abonó luego en enero de 2023, y por eso, el primer mes del año, en el que usualmente el déficit es bajo o incluso puede haber superávit, terminó con un quebranto de $200.000 millones.

Recientemente la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE), entidad que representa unas 500 firmas, le envió una nota al jefe de Gabinete, Agustín Rossi, quien legalmente posee la “lapicera” para autorizar los pagos. Es porque las demoras, según señalan, están licuando la deuda debido al efecto de la inflación.

La titular de la entidad, Irma González, explicó a Ámbito que “la mayor parte de la facturas pendientes son del último cuatrimestre del año pasado, aunque hay algunos casos puntuales que son de 2 años con las Fuerzas Armadas”. Las empresas que trabajan con el Estado saben que tienen que incluir en sus costos las demoras.

Por ejemplo, González detalló que entre el momento en que se cotiza un bien o servicio y el Gobierno anuncia la contratación del mismo suelen pasar entre 3 y 4 meses. Es decir, que el proveedor tiene que tener en cuenta ese aspecto en el contexto de una inflación que se acelera. Luego de ello pueden pasar otros 3 o 4 meses para el primer cobro. González advirtió que ahora la demora es mayor. “Nosotros estimamos que el 40% de la deuda flotante es con los proveedores”, señaló la titular de UAPE.

Al ser consultada sobre quejas similares de empresas de la construcción por demora en abonar los certificados de conclusión de obra pública, la empresaria precisó que en ese rubro existen mecanismos de ajuste que contemplan la evolución de los precios, pero que en el caso de los proveedores no hay. En el registro de empresas que venden productos y servicios hay al menos unas 5.000. Uno de los grandes compradores es el Ministerio de Desarrollo Social, que demanda alimentos. También hay empresas que se dedican a proveer servicios de limpieza a organismos públicos.

En tanto, entre enero y junio el Gobierno incrementó el stock de deuda flotante en unos $300.000 millones respecto de diciembre 2022, y aún así, no pudo evitar que se le escape el déficit fiscal por encima de las metas con el FMI. Dado que el Poder Ejecutivo tampoco podrá usar como fuente de financiamiento a las transferencias que le hace periódicamente el Banco Central, es probable que gran parte de esa deuda pase al 2024, para poder alcanzar la meta de 1,9% de rojo acordada con el organismo.

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