La mayoría de deudores hipotecarios, excluida

El proyecto que está elaborando el Ministerio de Economía para los deudores hipotecarios no salvará a la mayor parte de los que corren el peligro de sufrir un remate por falta de pago. Ocurre que la ayuda se aplicará exclusivamente a quienes entraron en mora a partir de enero de 2002, pero las causas que pasaron a órbita judicial presentan atrasos que tienen al menos tres años de antigüedad.

El gobierno siguió delineando ayer los detalles de la propuesta que será remitida al Congreso a más tardar el jueves, cuando vence la prórroga voluntaria de 30 días a la que accedieron los bancos para evitar los remates. Al mediodía hubo una reunión de los diputados justicialistas José María Díaz Bancalari y Rafael González con el secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zanini, en la cual también se buscó avanzar en un proyecto consensuado que no «rebote» en el tratamiento legislativo.

Trascendieron más detalles con respecto a cómo se instrumentará la ayuda para quienes queden comprendidos en el subsidio oficial. El esquema será el siguiente:

• El fondo fiduciario para la reconstrucción de empresas no comprará el crédito atrasado al banco, como se había definido inicialmente. En realidad, irá pagando las cuotas mensuales correspondientes al deudor moroso.

• Como contraparte, el Estado subrogará el crédito, lo cual le dará derecho sobre la hipoteca constituida a medida que va cancelando las cuotas del préstamo en cuestión.

• Al mismo tiempo, el Estado la dará nuevas condiciones al deudor moroso para que se ponga al día. Habrá alargamiento de plazos y reducción de las tasas de interés para darle más facilidades.

• Con este sistema, los préstamos morosos quedan en el balance de los bancos, pero se recalifican automáticamente, pasando de una nota de 4 o 5 (en negociación judicial) a 1 (cumplimiento normal).

• En caso de que el deudor continúe sin pagar, será el gobierno el que automáticamente podrá resolver la ejecución de la hipoteca para cobrarse la deuda.

Sólo se beneficiarán de la ayuda estatal aquellos deudores que entraron en mora a partir de 2002, cuando el Congreso votó la emergencia económica. Sólo quedarían comprendidas las deudas hasta $ 80.000 al momento de la mora, pero en el Ejecutivo todavía analizaban la posibilidad de elevar este monto a $ 100.000.

Otro aspecto clave que continuaba ayer en discusión pasa por el tamaño del inmueble que podría estar comprendido en la ayuda. Una de las ideas era aceptar viviendas de hasta 100 metros cuadrados, quedando excluidas las de mayor tamaño. «Es un absurdo medir la situación social del deudor según el tamaño de su vivienda. Si esto queda en el proyecto del Ejecutivo, no será aprobado en el Congreso», explicó uno de los legisladores que está negociando con el gobierno.

Además de algunas de las limitaciones mencionadas, la ayuda estatal sólo comprenderá a deudores que utilicen el inmueble como vivienda única, familiar y de ocupación permanente.

El universo de los deudores que pueden quedar comprendidos en la norma abarca tres casos: bancarios, privados (a través de un contrato con un préstamo privado) y los deudores del ex Banco Hipotecario Nacional con préstamos recibidos antes de la convertibilidad aún no cancelados.

Según estiman en Economía, los casos beneficiados no superarían los 13.000 (con lo cual habrá un límite claro al subsidio) y, por ahora, el monto total de la ayuda continúa siendo una incógnita. Las cifras van de los $ 140 millones a los $ 450 millones, según los cálculos que se efectúen.