Las "cajas negras" no son obligatorias

Aproximadamente 30.000 comercios de la provincia de Buenos Aires, a los que se les sumarían otros 300.000, habrían sido liberados por la Justicia de tener la obligación de instalar los controladores fiscales, por ser una medida «inconstitucional». Esta posibilidad surge luego de la ratificación de la segunda instancia provincial de fallos en contra de la instalación de «cajas negras» por parte de varios jueces de primera instancia de diferentes localidades de la provincia a partir de presentaciones realizadas por la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA). La entidad que dirige Raúl Lamacchia y agrupa a la mayoría de los pequeños y medianos comercios bonaerenses, había hecho diferentes presentaciones en juzgados provinciales en contra de la obligación de instalar las cajas negras y sucesivamente había obtenido fallos favorables en localidades como Olavarría, Mar del Plata, San Martín y San Nicolás, entre otros. Luego, el 24 de mayo pasado, el juez subrogante a cargo del juzgado federal de Mar del Plata, Daniel Vázquez, ordenó acatar la decisión de primera instancia, con lo cual, en principio, la posibilidad de no instalar las cajas negras quedó en firme. Esta medida alcanza por ahora puntualmente a los 30.000 comercios que estaban incluidos en los listados de las presentaciones de FEBA en las localidades donde los juzgados accedieron al reclamo de la entidad empresaria. Los comerciantes aseguraron, además, que continuarán efectuando presentaciones en firme en los otros juzgados de Buenos Aires, ahora con la decisión de segunda instancia bajo el brazo, para que el resto de los 300.000 comercios de la provincia queden eximidos de la obligación de tener instalados los controladores fiscales. Igualmente, se espera ahora la apelación por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y eventualmente una decisión a nivel nacional por parte de la Justicia para el futuro del sistema.

Los fundamentos del fallo sobre la «inconstitucionalidad» de la obligación de instalar las cajas negras se basaría en el principio de que legalmente los costos de la fiscalización del cumplimiento de los impuestos debe ser asumida por el sector público. Como los controladores tienen la función de facilitar esa fiscalización pero deben ser adquiridos por los comerciantes a su costo, se estaría violando la ley. Además, y como segundo argumento de inconstitucionalidad, los fallos hablan de que las cajas negras implican un aumento en el gasto tributario, con lo cual pueden ser interpretadas como un impuesto extra. Como constitucionalmente sólo el Congreso por ley puede dictar un incremento en los impuestos y los controladores fueron una medida vía decreto del Poder Ejecutivo en años de Carlos Menem, también aquí habría una falla en la legalidad que atendieron los jueces bonaerenses.

Tomando en cuenta ambos argumentos, el juez Vázquez dispuso en su fallo que la AFIP «deberá abstenerse de exigir el cumplimiento» de la instalación de las cajas negras.