No hay duda de que las provincias enfrentarán un escenario muy complejo el próximo año, caracterizado por S&P Global Ratings como el de una economía que se contraerá por tercer año consecutivo, con una inflación superior al 40%, con un muy limitado acceso a fuentes de liquidez y con una escasa disponibilidad de divisas para el pago de la deuda. Vale recordar que, amén del origen de las crisis económicas, estas erosionan la liquidez de los gobiernos provinciales y suelen aumentar el costo del financiamiento. Por eso los analistas de S&P Global Ratings se enfocaron en evaluar la capacidad de los gobiernos provinciales para honrar su deuda.
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En primer lugar, no hay que soslayar que desde que Argentina recuperó el acceso al financiamiento externo en 2016, las provincias emitieron deuda en los mercados internacionales por u$s11.200 millones. Si bien S&P considera que el perfil de amortización de corto plazo está bajo menos presión que en años anteriores y es un nivel manejable (u$s1.100 millones en 2020, representa 2,2% de los ingresos operativos consolidados estimados), la situación no es la misma para todas las provincias. Al respecto, advierte que “la provincia de Buenos Aires es más vulnerable al riesgo de refinanciamiento en 2020 que otras, porque enfrenta amortizaciones por u$s1.200 millones de los cuales u$s830 millones son bonos internacionales”. Y si bien “el tamaño del Presupuesto provincial y su historial de emisiones internacionales indican que el monto podría ser manejable en circunstancias normales, la actual preocupación del mercado y la incertidumbre sobre las políticas económicas del Gobierno entrante podrían pesar sobre la capacidad y voluntad de la provincia para pagar su deuda”, advierte.
El panorama general cambia después de 2020, porque aumentan los vencimientos dado que bonos internacionales que las provincias emitieron principalmente en 2016 y 2017 comenzarán a amortizarse. En tal sentido, S&P señala que “la provincia de Córdoba tiene una amortización de u$s725 millones en 2021 por el bono que emitió en 2016, y varias otras provincias tienen amortizaciones a partir de 2022”. El nuevo Gobierno enfrenta múltiples desafíos (y se apresta a negociar con bonistas y el FMI) que se reflejan en la calificación “CCC-” de Argentina. En los mercados financieros se cuestiona si los inversores diferenciarán a las provincias lo suficiente. A pesar de que las finanzas provinciales mejoraron durante los últimos años, “los niveles de liquidez no serán lo suficientemente robustos para evitar el riesgo de refinanciamiento de los elevados vencimientos en dólares a partir de 2021” y “si el Gobierno hace canjes en condiciones desventajosas, podría llevar a incumplimientos en 2020 al igual si se restringiera el acceso a divisas para el servicio de la deuda”, advierte S&P.



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