Lavagna duro contra grupo de acreedores

Es cada vez más fuerte el enfrentamiento entre los acreedores internacionales y el equipo económico. Para los bonistas el gobierno no quiere sentarse a negociar la salida del default. Roberto Lavagna volvió a poner en duda ayer, a través de una carta, la verdadera representatividad del Comité Global de Acreedores, pero no puso fecha cierta para el inicio formal de las conversaciones. En uno de los párrafos, acusó a este comité de "hacer negocios en perjuicio de inversores que cuentan con menor información".

La tensión entre el gobierno argentino y los acreedores llegó ayer a un punto máximo. Mientras que el ministro de Economía, Roberto Lavagna, dio a conocer ayer un comunicado en el que pide a los acreedores que ellos también negocien de buena fe («es un camino de doble mano», sostuvo), algunos de los principales miembros del comité de acreedores acusaban al funcionario de estar sufriendo «un ataque de pánico» al conocer la agresividad de su respuesta.

«Es obvio que el gobierno no quiere negociar, y hacen cualquier cosa para estirar los plazos», señalaron los representantes de los acreedores. Desde Italia prometieron, además, que hoy darán a conocer un comunicado de prensa contestándole al ministro.

Y, además, aseguraron que, a medida que pase el tiempo, será más difícil cerrar una negociación: «Si la economía argentina se sigue recuperando, es obvio que nuestras demandas para cobrar irán en aumento», expresaron.

La excusa para este nuevo round pasó por una carta enviada por el Comité Global de Bonistas Argentinos (GCAB, según sus siglas en inglés) que --de acuerdo con algunos trascendidosnunca había sido contestada por el equipo económico. Sin embargo, desde el Palacio de Hacienda se preocuparon en aclarar que el 20 de enero, el mismo día en que se recibió la misiva, respondieron sin demoras.

•Domicilios

Se trató, además, de una respuesta a las críticas formuladas por la número dos del FMI, Anne Krueger, por la falta de avances en la negociación. «La Argentina debe negociar de manera urgente con los acreedores», afirmó la «dama de hierro».

«ASOMBROSAMENTE (sic) el llamado Comité no tiene dirección, no tiene teléfono, no tiene fax y no tiene dirección de Internet», expresa el comunicado de prensa de Economía. Además, los invita a anotarse en el registro habilitado para los acreedores.

La respuesta no se hizo esperar: «Todos los que integramos el comité global actuamos en los distintos grupos consultivos que conformó el propio equipo económico el año pasado», señaló uno de los referentes del comité. Según sus estimaciones, entre los inversores italianos, alemanes, estadounidenses, suizos y japonesessuman cerca de u$s 40.000 millones en bonos argentinos.

Aunque la opción de iniciar juicios contra la Argentina ante la falta de elementos concretos de negociación todavía no fue analizada, las postergaciones del equipo económico por sentarse a negociar aumentan las chances de una andanada de litigios.

•Invitación

En la carta enviada el 20 de enero, los acreedores internacionales invitaban a Lavagna a iniciar las reuniones formales para renegociar la deuda. Sin embargo, consideraron apenas una evasiva la respuesta del ministro.

Según se conoció en detalle ayer, Lavagna respondió que una de las premisas es continuar un «diálogo constructivo basado en el realismo de la situación argentina, tanto en el país como en el exterior». Pero no da mayores detalles de los tiempos que se estarían manejando para hacer una propuesta formal a los acreedores.

Un punto que irrita particularmente a Lavagna es el contacto fluido que tienen los acreedores con algunos de los principales funcionarios del Fondo y también con el Tesoro de los Estados Unidos. Ambos organismos expresaron en varias oportunidades (y lo volvieron a hacer el fin de semana) la necesidad de que la Argentina avance con una propuesta «amigable» a sus acreedores para salir del default.

En el medio de todas las opiniones que se conocieron en los últimos días, se mezcla la discusión respecto de si el país está o no negociando de «buena fe». No se trata de una discusión semántica. En realidad, los propios estatutos del FMI impiden al organismo prestarle a un país en default si éste no mantiene conversaciones basadas en la «buena fe» con los acreedores.

Para los bonistas, y también para un ala del Fondo que encabeza Krueger, la propuesta básica de quita de 75% del valor nominal de la deuda actualmente en default (por u$s 90.000 millones) implica en realidad una intención de no pago de los compromisos.

Uno de los escollos principales que hasta ahora no pudo resolver Economía para avanzar con una propuesta concreta -más allá de los lineamientos generales-es la designación del sindicato de bancos que tiene que actuar en la reestructuración de la deuda. Por ahora, no consiguen ponerse de acuerdo en distintas cláusulas del contrato, en particular, respecto del compromiso que deben asumir las entidades una vez que se avance con la negociación.