15 de enero 2004 - 00:00

Licitarán el Correo desde mayo próximo

El gobierno de Néstor Kirchner reprivatizaría en mayo el Correo Argentino, luego de haberle rescindido la concesión al grupo Macri en noviembre pasado. Se licitaría 20% de las acciones y ganará el que ofrezca mayor precio, dentro de ciertos requisitos técnicos y patrimoniales. Esto quiere decir que hay precio para entrar en el negocio, pero no se pagará canon. El resto del capital se colocaría gradualmente en la Bolsa, y el Estado se quedará con la acción de oro y el poder de veto sobre decisiones que puedan comprometer la existencia de la empresa. En medios oficiales se asegura que el nuevo operador no tendrá exclusividades, ni garantías frente a la competencia. También, que no se reducirá el personal (12.000 empleados) y que no se impondrán nuevas condiciones laborales. Es decir, el nuevo concesionario no tendría ninguno de los beneficios que reclamaba el grupo Macri. La única diferencia que se estudia es que todos los prestadores postales, incluido el propio Correo Argentino, solventen -en proporción a su facturación-el llamado servicio universal, que es la obligación de llegar a todas las localidades del país.

Licitarán el Correo desde mayo próximo
El gobierno planea licitar 20% de las acciones del Correo Argentino en mayo próximo. Ganará el que ofrezca el mejor precio y será el opera-dor del servicio. Otro 29% de las acciones se colocaría en la Bolsa de Comercio en el segundo semestre, mientras lo mismo ocurrirá con 50% restante en fases graduales, garantizando al operador que no habrá posibilidades de «take over», ya que el ganador de la licitación tendrá papeles preferenciales. Al final del proceso, el Estado se quedaría con 1% y la acción de oro con poder de veto sobre decisiones que puedan poner en riesgo la continuidad de la empresa.

Estos son hasta ahora los ejes del proyecto de reprivatización del Correo que se está elaborando en el Ministerio de Planificación y la Secretaría de Comunicaciones, pero que recién terminará de definirse en febrero, para empezar a vender en marzo el pliego de la licitación. Entre los aspectos todavía en debate está qué participación quedará para los trabajadores, lo que modificará los porcentajes que hasta ahora se manejan en términos globales.

Sin embargo, ya está total-mente definido que el gobierno no pedirá un canon al operador del servicio, y también se advierte que el ideal para la administración Kirchner sería una sociedad operadora donde convivieran como socios capitales locales con algún correo inter-nacional de primera línea (en la anterior licitación se requirió el asesoramiento técnico de un operador postal que estuviera registrado en la Unión Postal Universal, pero no fue necesario que participara de la sociedad).

Además de la forma de privatizar, el otro cambio que se estudia con relación a la concesión que tenía el grupo Macri es que la prestación del servicio universal, al que está obligado el Correo Argentino, será solventada por todos los prestadores del servicio postal en proporción a su facturación.

Esto significa que la obligación de cubrir todas las localidades del país, que tendría un costo estimado de $ 50 millones, será cubierta por todos los prestadores, incluido el correo oficial, que hoy tiene entre 40% y 45% del mercado.
Este sistema para fondear el servicio universal ya rige legal-mente para el servicio telefónico desde el año 2000, pero todavía no se instrumentó.

Según lo que se sabe hasta ahora, no habrá cambios en el marco regulatorio actual para la actividad postal. Esto significa que el nuevo operador no tendrá franjas exclusivas del mercado, salvo la que tenía el grupo Macri en cuanto al carácter filatélico de los sellos postales del correo oficial.

• Informales

El gobierno tampoco inter-vendrá en ponerle límite a la operatoria de prestadores que operan en negro, uno de los principales reclamos que hizo en su momento el ex concesionario. Según se escucha en medios oficiales, «lo informal sólo tendrá solución a medida que se recupere la economía», de modo que nadie va a salir a cerrar las mensajerías.

En cuanto a los prestadores formales, se afirma que tampoco habrá intervención a favor del correo oficial, y que, como en todo mercado, quedarán los más eficientes, con la salvedad de que en este caso, el que concentre más participación, más va a pagar para el servicio universal. Las fuentes oficiales aseguran que tampoco se modificarán las condiciones laborales en el Correo, otro de los reclamos del ex concesionario, según el cual hay una «fuerte asimetría» entre los convenios que rigen en la empresa oficial y los vigentes en las otras prestadoras.

El Correo Argentino factura actualmente alrededor de $ 500 millones, y, según afirmó recientemente el interventor oficial, Eduardo Di Cola, se espera que en 2004 obtenga una ganancia de $ 50 millones. Aun considerando la cifra por pagar para comprar 20% de las acciones y las inversiones para mejorar el servicio, el negocio puede resultar atractivo para inversores privados.

La forma de reprivatizar seguramente causará más irritación en el grupo Macri, pero los funcionarios oficiales afirman que «ellos apostaron en otras condiciones, sabiendo de entrada que con el nivel de facturación del Correo el canon era impagable». Según el informe de Di Cola, el ahorro estimado, desde diciembre de 2003 a fin de 2004, será de 26,1 millones de pesos, sobre los gastos que tenía el Correo cuando estaba opera-do por el ex concesionario.

Sobre el total, 10,6 millones corresponden a remuneraciones; 6,5 millones, a servicios contratados; y 7,9 millones, a publicidad.

La forma de reprivatizar seguramente causará más irritación en el grupo Macri, pero los funcionarios oficiales afirman que «ellos apostaron en otras condiciones, sabiendo de entrada que con el nivel de facturación del Correo el canon era impagable». Según el informe de Di Cola, el ahorro estimado, desde diciembre de 2003 a fin de 2004, será de 26,1 millones de pesos, sobre los gastos que tenía el Correo cuando estaba opera-do por el ex concesionario.

Sobre el total, 10,6 millones corresponden a remuneraciones; 6,5 millones, a servicios contratados; y 7,9 millones, a publicidad.

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