Limita el gobierno ayuda a morosos hipotecarios

Esta semana, el gobierno anunciaría el auxilio para los aproximadamente 13.000 deudores hipotecarios que se anotaron en el registro oficial y que en teoría corren peligro de sufrir la ejecución de viviendas por falta de pago. A la decisión ya conocida de implementar un fondo fiduciario que comprará a los bancos las carteras morosas se agregan algunas novedades importantes. Habrá un tope para las deudas que se aceptarán, dejando fuera del régimen las viviendas de alto valor. Los deudores con incumplimiento reiterado también quedarán fuera de la ayuda. Se priorizará, además, a los deudores que hayan tenido un buen comportamiento durante gran parte del crédito, pero que hayan sufrido la crisis de los últimos tres años.

Todo el sistema quedará definido esta semana, cuando se terminen de definir los aspectos legales dentro del Ministerio de Economía, y probablemente hoy con los dirigentes de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) que se acercarán a la Casa de Gobierno para la presentación de un plan de financiamiento para obras públicas (ver nota aparte). Sin embargo, los anuncios se darán unos días más adelante. La idea del gobierno es que sea el propio Néstor Kirchner el que presente el plan de ayuda para los deudores hipotecarios.

Una vez presentado, será enviado al Congreso Nacional para que sea aprobado antes de fin de año. En total, alcanzará a las aproximadamente 13.000 personas que se anotaron en el Registro de Deudores Morosos que cerró el 9 de setiembre y que abarca deudas de hasta $ 140 millones provenientes tanto del sistema financiero como las contraídas por escribanías por préstamos de acreedores privados. En principio, no habrá apertura para los morosos que no se anotaron en el Registro; y se estima que si el proyecto de ley no se presenta antes del jueves próximo (2 de octubre), cuando vence el plazo de 30 días fijado por los bancos; habría una nueva prórroga voluntaria por parte de las entidades.

Queda confirmado que el instrumento por el cual se concretará la ayuda será la utilización del Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas, que cuenta con aproximadamente $ 450 millones; con lo que se cubriría la deuda en juego. Este fondo está manejado por el ex secretario de Hacienda porteño y ahora representante del
Ministerio de Economía en el Banco Central, Miguel Pesce.

Este fondo comprará las deudas a los diferentes bancos y acreedores privados, que pasarán a ser administradas por el Banco Nación, que cobrará desde ese momento en adelante las cuotas de los deudores según el nuevo esquema de pago.

• Selección

Trascendió que no todos esos 13.000 casos serán aceptados. Se implementará un esquema de análisis de selección, «caso por caso»; siempre que haya una «sentencia judicial firme».

Ya se conocen dos criterios que eliminarán a los anotados del listado de forma inmediata, más allá de la exigencia de que el crédito haya sido contraído para la adquisición de una vivienda familiar y permanente. Los deudores que tengan una historia financiera donde aparezcan muchos casos de morosidad serán descartados.

También se implementará un tope en la vivienda. La idea es que desaparezcan del listado los casos de bienes de alto valor. Para el gobierno, hubo algunos abusos en este sentido. Se mencionan dos casos de deudas entre los inscriptos que denunciaron pasivos de $ 1.500 millones, y otra en la que figuran $ 400 millones.

Sin embargo, también podrían quedar fuera algunos casos de viviendas de alto nivel adquisitivo (por ejemplo, de más de 200.000 dólares), ya que en el Ejecutivo se considera que este tipo de público tendría otras alternativas de financiamiento o de «ajuste» en su calidad de vida como para recibir ayuda del Estado.

• Prioridad

Si el deudor pasa estos primeros filtros, en la selección tendrán prioridad aquellos que en el transcurso del plan de pagos (en el caso de que hayan transcurrido más de tres años) demuestren una buena conducta durante al comienzo del plan, pero que en los últimos dos años hayan tenido las dificultades en los pagos. La idea es que el «salvataje» se dirija a los morosos que no hayan podido cumplir con sus compromisos por haber sufrido algún efecto de la crisis económica, que para el gobierno comenzó en el segundo semestre de 2001 y no antes (por lo menos en el criterio de selección para ingresar o no en el salvataje).