Se van conociendo datos de los pasos que se darán inmediatamente tras el cierre de la oferta por el default en materia económica. Anticipando ya un resultado con alta aceptación, el FMI está preparando el envío de una misión técnica para el 15 de marzo. Trascendió que habrá un nuevo programa a 12 meses, pero sólo con metas cuantitativas. Esto significa que únicamente el gobierno deberá alcanzar los objetivos de superávit fiscal y tope a la emisión de dinero. De privatizadas, sólo un compromiso ligero de avanzar con nuevos contratos.
Fuentes del Fondo Monetario en Washington aseguraron ayer a este diario que está siendo preparado el envío de una misión técnica del organismo a Buenos Aires a concretarse en torno al 15 de marzo. Con el canje de la deuda en default a punto de ser cerrado, el tema relevante para el gobierno pasa a ser el retomar un programa con el FMI hoy suspendido. Más allá de que una alta aceptación a la oferta descomprime la tensión, hay otros datos importantes que aseguran que las conversaciones serán en un tono mucho más cordial. El primero de ellos es que está confirmado que el nuevo programa que firmará la Argentina con el FMI sólo contendrá metas fiscales y monetarias, la que actualmente se vienen cumpliendo sin inconvenientes. Trascendió además que los compromisos en materia de renegociación de los contratos de las privatizadas serán muy ligeros. La razón: ahora hay consenso dentro del organismo en que si no hay «ownership» (propiedad o compromiso) con las reformas que se explicitan, no tiene sentido incluirlas en un programa. Es lo que sucedió con la tantas veces prometida reforma de la coparticipación de impuestos -una exigencia puntual de la N°2 Anne Krueger- y que nunca tuvo avances significativos. De esta manera se confirma que técnicamente lo que se firmará es un acuerdo del tipo «stand-by» a 12 meses, en lugar de los ya conocidos «Extended Fund Facilities» (acuerdos de facilidades ampliadas) que contienen siempre reformas estructurales con un estricto calendario de cumplimiento.
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Al firmarse un nuevo programa, lo más importante es que los pagos ya efectuados al FMI por haberse suspendido el que estaba vigente -mayores a los u$s 1.500 millones- no se reembolsarán. Y aquí comenzará una parte saliente de la discusión en la que se debe definir en cuánto la Argentina reducirá la deuda remanente que mantiene con el FMI. Pero en Washington quitan relevancia al tema, ya que el gobierno oportunamente manifestó su decisión de cancelar totalmente la deuda que tiene con los organismos. Sólo restaría definir el monto anual que se compromete el gobierno a cancelar. Mucha capacidad de pago en realidad no hay ya que sólo podría ascender a u$s 300 millones por trimestre.
Sí está generando debate en la cúpula del Fondo -encabezada por Rodrigo de Rato- cómo encajará el programa con la Argentina cuando por los estatutos se prohíbe financiar a un país que mantiene atrasos con inversores privados. Es que sólo cuando se llega a 95% de aceptación, imposible para la oferta argentina hoy, el FMI da luz verde. Por ello es que en teoría se exigiría a la Argentina que, si el canje tiene una aceptación de 80% por ejemplo, que quede claramente especificado de qué manera se tratará de sumar 20% restante.
Hoy, Roberto Lavagna y el propio Néstor Kirchner dejan en claro que no habrá otra oferta. Ni se que prorrogará la misma. Es lo que deben decir. Pero no sería de extrañar que en algún momento -¿luego de las elecciones de octubre?- la misma propuesta a bonistas que hoy está cerrándose se reabra sin ningún cambio para intentar aumentar levemente, aunque más no sea para complacer al FMI, la adhesión total al canje. De hecho Roberto Lavagna con el canje de BODEN por el «corralito» tuvo esa línea.
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