6 de marzo 2016 - 18:00

Los apuros de Argentina siempre dan malos resultados

Por Claudio Lozano - Economista, exdiputado Unidad Popular

Hasta el momento, el trámite del Acuerdo con los Holdouts sigue la lógica de todas las reestructuraciones de deuda desde 1983 para acá. Esa lógica se caracteriza por su inconstitucionalidad, el desplazamiento del rol del Parlamento frente a un Ejecutivo que resuelve ad referéndum cuando debería ser al revés, y una absoluta ausencia de evaluación de los riesgos jurídicos y económicos de las distintas negociaciones.

En términos jurídicos, nada garantiza que los Holdouts que no tramitan causas ante Griesa, puedan plantear nuevos juicios. Tampoco podría descartarse que parte del 93% de los acreedores que entraron a los canjes consideren que con esto se alteró el pari passu y que corresponde accionar judicialmente. Respecto a la capacidad de repago es obvio que un país que tiene en cabeza de su Estado Nacional, unos 280.000 millones de dólares de deuda, que exhibe un déficit en sus cuentas públicas de casi un 7% del PBI y que carece de dólares genuinos en su balanza comercial, no está en capacidad de endeudarse. Es más, la concepción del Ministro Prat Gay expuesta al momento de presentar el Acuerdo, asocia, de manera peligrosa, el retorno al crecimiento con la capacidad de volver a endeudarse. Ingresar en la lógica, que ha sido característica de la economía argentina, de pagar deuda vieja con deuda nueva, supone repetir una calesita mortal y de corta mira.

El argumento oficial de que el crédito externo permitirá obra pública y vivienda, es prácticamente naif. No se necesitan dólares para estos emprendimientos (ni los salarios de los trabajadores, ni los insumos, ni el equipamiento necesario para esos objetivos, requiere de divisas). El único crédito externo que construye su capacidad de repago, es aquel que en su aplicación, produce como efecto, la ampliación del saldo comercial argentino. Es por esto, que su uso debe restringirse al financiamiento de aquellas decisiones de inversión que requieren el consumo de equipamiento importado. 

Carecemos aún de la documentación concreta que permita dimensionar los términos del Acuerdo. No sabemos aún sobre qué capital original adeudado se están pactando los compromisos que se anuncian. Los 4.653 millones de dólares que se mencionaron frente al acuerdo con Singer, no se sabe a qué monto de capital responden. Los dichos del mediador Pollack, parecen señalar que todo terminará en un triunfo absoluto de los "buitres" que rescindirán el reconocimiento del gobierno argentino sobre el capital total, los intereses y, en todo caso aceptarán una quita sobre los punitorios y los costos legales. 

Los apuros de Argentina siempre dan malos resultados. Tanto Broderson con Alfonsín en el Plan Baker, como Cavallo con Menem y el Plan Brady, o Kirchner junto a Prat Gay y Lavagna con los Canjes 2005 y 2010, dijeron lo mismo: "Hemos resuelto el problema de la deuda". Y el resultado siempre ha sido uno solo: "Pagamos fortunas y retornamos al default". 

Hoy Prat Gay, olvidándose de su responsabilidad en el Canje 2005, nos vuelve a decir que están resolviendo un problema que lleva ya quince años. Nada de esto. La deuda no tiene solución financiera. Su solución es política. Es por esto que la Auditoría parlamentaria de la deuda argentina, a efectos de discriminar lo que corresponde pagar y lo que no, es el único camino a recorrer. No haberlo hecho, implicó que Argentina nunca cuestionara las acreencias; jamás hiciera un Censo de Acreedores para individualizar las negociaciones en función del precio al que cada acreedor haya comprado los bonos, y que se persistiera en la locura de emitir Bonos de deuda contra la Constitución Nacional resignando soberanía, prorrogando jurisdicción y accediendo a que cualquiera pueda juzgarnos en el exterior. 

Los parlamentarios argentinos no pueden emitir un cheque en blanco al gobierno, deben reclamar toda la documentación, constituir la Comisión Bicameral de Deuda Externa para que analice el Acuerdo y exigir un informe técnico de la Auditoría General de la Nación antes de decidir su voto.

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