Más conflictos por paro de Aerolíneas

Se cumplieron ayer tres jornadas sucesivas de huelga de los técnicos de Aerolíneas Argentinas y Austral, acumulando así más problemas para los usuarios, sobre todo al acercarse el fin de semana. Frente a la situación, el gobierno delegó la búsqueda de una salida en el Ministerio de Trabajo, que por ahora fracasó en los intentos por solucionar el conflicto.

La cartera laboral intimó el miércoles a la empresa a cubrir los servicios esenciales, según la ley que reglamenta la prestación de los servicios públicos en caso de medidas de fuerza. Pero la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA) ratificó el paro por tiempo indeterminado y no acató la intimación de cubrir servicios mínimos con la opinión de que Aerolíneas y Austral «no tienen el monopolio del servicio aéreo» por lo que los usuarios pueden volar por otras compañías.

Alternativa

A última hora de anoche, el viceministro de Trabajo, Anselmo Riva, dijo que «se analiza cuál es la alternativa más equilibrada y concertada para destrabar el conflicto y preservar los derechos de los usuarios».

Riva no parece partidario de dictar la conciliación obligatoria, que obligaría a Aerolíneas a reincorporar los 220 trabajadores despedidos hasta ahora. En opinión del funcionario, como la semana pasada venció la conciliación dispuesta por seis despidos que la empresa había producido en marzo y, durante ese lapso, el gremio no aceptó renegociar el convenio laboral, no podría convocarse de nuevo a la misma instancia.

No obstante, esa opinión parece cuestionada dentro del propio gobierno porque se trata de otro conflicto, con muchos más despedidos, y porque no había elementos para obligar al sindicato a renegociar el convenio laboral durante la conciliación anterior.

De este modo, el gobierno se enfrenta a la disyuntiva de dictar de nuevo la conciliación, lo que provocaría un fuerte malestar en la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales de España), principal accionista de Aerolíneas, o bien declarar la ilegalidad del paro y remitir el tema a la Justicia, lo que podría significar la suspensión de la personería gremial de APTA. Esta última posibilidad no sólo depararía problemas políticos, sino que además no es garantía de que se restablezca el servicio.

La SEPI viene negociando con cinco de los seis gremios aeronáuticos una reducción salarial de 6% a 20% y la modificación de las condiciones laborales. Sólo APTA no aceptó entrar en las tratativas. Sin embargo, la empresa planea además despedir a 1.350 agentes en total, lo que anticipa futuros conflictos con los otros gremios.

Un portavoz de Aerolíneas aseguró ayer que de las 1.350 bajas proyectadas, 700 fueron retiros voluntarios, y el resto se espera tratar con los gremios insistiendo con planes de salidas negociadas. El vocero de la empresa dijo que la actitud de APTA «sólo amenaza al resto de los compañeros y a la compañía», por lo cual, indicó, «se insta a APTA a colaborar». También dijo que «todavía se está a tiempo de convertir a Aerolíneas en una gran empresa» y «todos están realizando sacrificios, los accionistas y los trabajadores».

Sin embargo, el portavoz no suministró datos sobre la evolución de la empresa, desde la aplicación del plan de saneamiento en octubre, siendo que la pérdida de Aerolíneas llegó a 300 millones de dólares en el último ejercicio.

Más reclamos

Como la reducción del costo salarial rondaría entre 25 y 30 millones de dólares, en el gobierno se cree que la situación de Aerolíneas seguirá siendo muy grave aun cuando se cumpla con el plan de reducir personal y salarios y cambiar condiciones de trabajo.

Según fuentes oficiales, si la SEPI logra su objetivo en materia laboral, luego seguirá con los reclamos al gobierno, desde el aporte de capital hasta la flexibilización de los requisitos de seguridad dispuestos por la Fuerza Aérea, o la condonación de deudas impositivas.

En principio, el criterio del Ministerio de Infraestructura, bajo cuya órbita se encuentra Aerolíneas, es que el Estado no puede salir a salvar los problemas de las empresas privatizadas y que sólo se aceptaría tratar una rebaja de las tasas aeroportuarias que se consideran excesivamente altas.

Considerando esa posición y las declaraciones del presidente de la SEPI, Pedro Ferreras, esta semana en el sentido de que la empresa (perteneciente al gobierno español) no puede seguir perdiendo dinero en Aerolíneas, se estima que tras el actual conflicto, podrían suceder otros en pocas semanas.