Más presiones del monopolio "Clarín" por la TV paga

Economía

Tres abogados del monopolio «Clarín» viajaron la semana pasada a San Luis con el único objetivo de tratar de asegurarse que en esa provincia no habrá más fallos adversos a la proyectada fusión entre sus controladas Multicanal y CableVisión. Hace algunas semanas -tal como adelantó Ambito Financiero-un juez del departamento de Corcarán había dictado una medida cautelar bloqueando la fusión de Multicanal y CableVisión, ambas controladas por dicho monopolio.

El resultado más palpable que se trajeron a Buenos Aires esos abogados es que un juez local de primera instancia, de apellido Alonso, hiciera lugar el lunes pasado al pedido de habilitación de feria planteada por ellos, con lo que el expediente pasará rápidamente a la Cámara de Apelaciones, lo que favorece la inocultada premura en las definiciones de este tema de los representantes del monopolio durante su estadía en tierras de Adolfo Rodríguez Saá.

El fallo dictado por el juez de Corcarán impedía la unión de las dos principales empresas de TV paga del país, que aun sin la pertinente autorización de los órganos de control ya están funcionando «de facto» como una sola unidad.

Los tres letrados, dos de los cuales se apellidarían Cassino -que sería el apoderado legal del monopolio-y Méndez Acosta -de «Prima», la unidad de negocios por Internet de «Clarín»-, más un tercero que afirmó representar a la Comisión Nacional de Valores (dato que no pudo ser confirmado) llegaron a esa ciudad con la expresa misión de «dar vuelta» el fallo.

Para eso habrían mantenido numerosas reuniones con jueces del fuero puntano, reclamando que se revocara la medida cautelar dictada por un juez provincial de primera instancia y que se pronunciaba en contra de la conformación de un verdadero monopolio en el negocio de la TV por cable. La premura por «limpiar» este inconveniente que podría resultar menor en otras circunstancias se debe a que el monopolio tendría en sus planes lanzar una obligación negociable en marzo próximo, cuyo monto aún no fue revelado, pero que se usaría en parte para pagar la compra de CableVisión, y en parte para financiar algunas de las inversiones necesarias para poder al menos tratar de competir con las empresas telefónicas en la provisión de contenidos a través de los móviles, y en lo que se considera el futuro en el negocio de las comunicaciones: el «triple play» (proveer televisión, telefonía e Internet a través del mismo cable).

La versión agrega que los letrados habrían sido acompañados en sus gestiones por Basilio Novello, propietario de una FM local, llamada Popular -una de las de mayor audiencia en San Luis-quien incluso habría alojado en su propio domicilio del barrio Gastronómicos a uno de ellos. En la capital puntana el empresario se habría jactado de que los representantes legales del monopolio «Clarín» dejaron la provincia más que satisfechos gracias a sus buenos oficios.

La gestión principal a nivel judicial fue la que encararon ante el juez Omar Uría, quien los habría recibido -acompañados de Novello-en su despacho el miércoles de la última semana. Uría es miembro del Superior Tribunal Provincial -la máxima autoridad judicial de San Luis-, al que ingresó tras una negociación entre el gobierno de Alberto Rodríguez Saá y el Colegio de Abogados local, luego de una prolongada y dura pelea en la que el Colegio llegó a pedir la intervención de la provincia.

Esa agrupación profesional, según muchos, está inspirada por el miembro de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni, quien en la década del 80 fue juez en la ciudad puntana de Villa Mercedes. Uría -se dice en esa provincia-seguiría la «línea garantista» que propugna Zaffaroni.

Se dice también que los abogados de «Clarín» habrían contratado a dos letrados del fuero local para «mirar» el expediente original en el juzgado del departamento puntano de Concarán -donde se emitió el fallo original- y también lo harán cuando llegue a la Cámara de Apelaciones. Tanto despliegue de abogados, «lobby» y acciones sobre juzgados -a las que tiene acostumbrado al país el monopolio- por un fallo de un juez de provincias tiene relación directa con la premura con la que «Clarín» quiere colocar su bono en el mercado bursátil.

Es obvio que cualquier inconveniente, por menor que pueda parecer, encarecerá la emisión de obligaciones negociables, obligándolos a pagar una tasa superior a la que se comprometerían si la empresa está «limpia». La versión indica además que tendría plazo hasta fin de febrero para concluir los trámites necesarios para le emisión ante la Comisión Nacional de Valores; caso contrario, la salida a la Bolsa de ese instrumento sufriría un importante retraso, que a su vez demoraría el plan de inversiones y el pago de lo que le deben por la compra de CableVisión al anterior accionista.

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