12 de julio 2005 - 00:00

"Mesa chica" para discutir ley de ART

Carlos Tomada
Carlos Tomada
Esta semana se decidiría la conformación de una «mesa chica» de técnicos del Ministerio de Trabajo, la Unión Industrial Argentina y la Unión de ART para tratar de consensuar los aspectos más polémicos de un proyecto que genera grandes resistencias entre los empresarios: el de accidentes de trabajo.

La propuesta se la hizo el ministro Carlos Tomada a los dirigentes de la UIA la semana pasada, en el marco de una reunión convocada para discutir (una vez más) el tema.

• Sorprendido

Allí Tomada les dijo a los dirigentes empresariales estar «sorprendido» por la no aceptación «in limine» de su proyecto, y de que todavía quisieran introducirle cambios. «Ya tiene el OK de la Casa Rosada, de la CGT y de la UART, a pesar de que Héctor Recalde (asesor del sindicalismo) diga otra cosa», afirmó el ministro. Sin embargo, en la UIA no parecieron dar crédito del todo a los dichos de Tomada; así fue que ayer emitieron un comunicado revelando (sin dar demasiados detalles) haberse reunido con él para seguir «conversando» sobre la iniciativa elaborada en esa cartera, y que contiene puntos que erizan la piel de los industriales. Dos son los que los ponen especialmente nerviosos: la apertura de la vía civil para demandar indemnizaciones por encima de las que fijan las ART y la creación de «comisiones mixtas» -verdaderos « soviets», tal como las califican algunos empresarios- en las que patrones y obreros podrán discutir hasta qué tipo de materias primas pueden utilizarse en instalaciones fabriles.

Según el comunicado distribuido ayer (a pesar de que el encuentro con Tomada fue el miércoles pasado), «una vez más la UIA se reunió con Carlos Tomada para expresar la preocupación que se vive en el sector industrial como resultado del impacto que han tenido los fallos judiciales que afectaron seriamente al régimen de riesgos del trabajo, en lo que hace a la imprevisibilidad e inasegurabilidad del sistema». Después de elaborar sobre los puntos discutidos, la carta concluye afirmando que «el gobierno se comprometió a examinar esas preocupaciones a los efectos de buscar un marco adecuado de coincidencias que hagan posible que la reforma legal cuente con el consenso de trabajadores, empresarios y gobierno».

• Enojo

No hace falta ser demasiado perspicaz para advertir a simple vista que los resultados de la reunión con el ministro fueron menos que magros, lo que ha provocado cierto enojo (puertas adentro, está claro, como todo « enojo» que tiene como protagonista al sector empresarial, preocupado por posibles represalias desde el gobierno).

Hoy por la tarde ese enojo podría salir a la luz, cuando se reúna la
junta directiva de la entidad, especie de «Parlamento» formado por 56 representantes de todo el país. Allí, los representantes del interior expresarían su preocupación por la falta de definiciones del gobierno sobre un tema que -dicen- los pone al borde de la desaparición. Algunos industriales plantearán, además, las enormes dificultades para seguir creciendo que generan recientes medidas oficiales en relación con el salario mínimo y las exigencias sindicales de mejoras salariales (fogoneadas por el año electoral).

• Costos

En relación con la ley de accidentes de trabajo, la UIA volvió a plantearle a Tomada la necesidad de que estos costos no superen 3,5% del total de costos laborales, guarismo que a pesar de estar por encima del «histórico» 1,5%, sería más que aceptable para las empresas ante la amenaza de indemnizaciones sin límites a través de la industria del juicio. Por estas razones, algún sector de la UIA planteará hoy la urgente necesidad de elaborar un proyecto propio y elevarlo al presidente Néstor Kirchner. El argumento es que si la iniciativa de Trabajo toma estado parlamentario, « tendremos que correr la ley de atrás, sin muchas posibilidades de modificarla o de impedir su sanción tal como está».

No parece, sin embargo, que sea inminente una definición para un lado o para el otro, a pesar del «apuro» de las ART, que contarían con el aval del jefe de Gabinete, Alberto Fernández (que mantiene una buena relación con ese sector desde sus días de superintendente de Seguros de Domingo Cavallo).

Según se sabe, el gobierno está decidido a «sentarse» sobre el proyecto Tomada al menos hasta que pasen las elecciones de octubre. Qué sucederá después es la gran incógnita que desvela a la dirigencia empresarial.

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