Cuando Eduardo Angeloz debió adelantar la entrega del poder provincial en julio de 1995, su reemplazante, el actual Ministro del Interior, Ramón Mestre, obtuvo de la Legislatura provincial la declaración de una ley de equiparación de los sueldos de los poderes del Estado. Con ese instrumento se determinó que ningún miembro de los poderes Ejecutivos, Legislativo y Judicial percibiera un salario mayor al del gobernador de la provincia. Esto significó rebajar el sueldo a 30% de los jueces de la provincia. Esos salarios sufrieron recortes de hasta 50%. La medida en el Poder Judicial no logró aún pronunciamiento definitivo del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, pero la administración Mestre la operó directamente. Esto motivó una avalancha de juicios contra el Estado que están en procesos. Para la administración provincial, de darse una sentencia a favor de los magistrados, significará la adopción de una deuda técnicamente impagable.
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