Multa a Whirlpool por abandonar la Argentina (14/01/03)

El gobierno de San Luis obligaría a la empresa Whirlpool Puntana SA a pagar 12 millones de dólares a modo de sanción económica por la abrupta decisión de la compañía de cerrar definitivamente la planta que poseía en el parque industrial de la capital de esa provincia para trasladar todas sus actividades fabriles a la brasileña Joinville. El monto fijado por el Estado sanluiseño incluiría la devolución de franquicias impositivas otorgadas, más intereses.

La decisión fue adoptada tras el fracaso de dos encuentros que mantuvieron directivos de Whirlpool, funcionarios del gobierno puntano y autoridades nacionales con el objeto de arribar a una medida intermedia que evitara el cierre definitivo de la fábrica.

«El gobierno propuso la continuidad jurídica de la firma a través de otro grupo empresario que adquiriera el paquete accionario y se hiciera cargo de la fábrica en San Luis. Pero la propuesta fue rechazada ya que los directivos no quisieron que la planta quedara en manos de competidores», explicó a este diario el ministro de Economía provincial, Claudio Poggi.

Ante esa negativa el Estado sanluiseño decidió iniciar la tramitación necesaria para el cese de los beneficios promocionales, al tiempo que girará la documentación correspondiente a la AFIP para que apliquen las sanciones que correspondieren y cobre los créditos fiscales utilizados por la empresa durante su estadía en la provincia cuyana. Esa suma, según las estimaciones de la provincia, ascendería a más de 12 millones de dólares.

Sobre la actuación que tuvo en el caso el gobierno nacional, Poggi criticó al ministro de la Producción, Aníbal Fernández, a quien calificó de «irresponsable», por estar -dijo- «más preocupado en la interna justicialista que en retener industrias que están partiendo hacia Brasil».

Indicó que a pesar de haberse planteado al secretario de Industria, Dante Sica, la necesidad de establecer políticas de protección a la industria nacional, «no obtuvimos respuesta alguna». Obviamente, las declaraciones del funcionario puntano se enmarcan en la obvia disputa que mantiene el ex gobernador Adolfo Rodríguez Saá con el presidente Eduardo Duhalde. Son también una respuesta a una carta remitida por Fernández a la gobernadora Alicia Lemme en la que le planteaba que «no debemos culpar a la promoción industrial por la partida de industrias del país». El gobierno sanluiseño acusa al nacional de no haber hecho todo lo posible para extender dicho beneficio a fin de retener la planta en la que trabajaban 220 personas.

• Confusión

En tanto, la empresa Whirlpool sigue asombrando por su descaro: en una solicitada publicada en algunos diarios porteños insiste en que «no se va del país», para luego admitir que su presencia en la Argentina se limitará a «actividades comerciales, de marketing, de servicios a sus clientes».

El mensaje logró su cometido de provocar no poca confusión entre quienes lo leyeron a la ligera, muchos de los cuales entendieron que la estadounidense había dado marcha atrás a su intención de levantar la producción de sus electrodomésticos y llevársela al estado de Santa Catarina. Poco serio.