Negocian con EEUU frenar juicios de empresas al Estado

La Argentina y los Estados Unidos acordaron negociar una estrategia común para enfrentar en los tribunales internacionales demandas de empresas por incumplimiento de contratos. Es para que esos tribunales, como el que atiende demandas de concesionarios de servicios privatizados contra la Argentina por la pesificación, rechacen demandas de accionistas minoritarios. Los Estados Unidos acordaron formar una comisión para elaborar esa estrategia porque también enfrentan juicios en el marco del NAFTA de accionistas que no son controlantes de empresas. Si esa tendencia prospera, acordaron en una charla Colin Powell y Rafael Bielsa, se produciría una multiplicación de juicios de grupos pequeños que entorpecerían cualquier convenio al que lleguen los gobiernos con los accionistas mayoritarios. En las próximas horas se designarán los miembros de este grupo binacional que tendrá la responsabilidad de cerrar un acuerdo que deberá convivir con las disidencias que se ahondan entre los dos países. Ayer el secretario Roger Noriega criticó en Washington a Rafael Bielsa (y a Lula Da Silva) por no haber atendido, cuando visitaron La Habana, a representantes de los disidentes cubanos anticastristas, en lo que fue la primera crítica abierta de Washington al gobierno de Kirchner por el tema Cuba.

El gobierno de los Estados Unidos aceptó negociar con la Argentina una estrategia común para enfrentar demandas de empresas privadas contra los respectivos estados. Será para quitarles personería a los accionistas minoritarios de firmas que reclaman, ante tribunales internacionales, por contratos incumplidos.

El acuerdo entre los dos países lo hablaron, como se informó ayer, los cancilleres Colin Powell y Rafael Bielsa el viernes pasado en una larga charla telefónica previa al viaje del funcionario argentino a Cuba.

El primer resultado del contacto fue la creación de una comisión especial para estudiar los términos de ese acuerdo que intenta frenar el reclamo de accionistas minoritarios de empresas que buscan resarcimiento por incumplimiento de contratos.

• Fecha clave

Para la Argentina hay una fecha clave que es la del 17 de noviembre, cuando vence el plazo para contestar ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) -tribunal arbitral del Banco Mundial- la demanda presentada por la empresa CMS, una firma de Estados Unidos que es accionista minoritaria de Transportadora de Gas del Norte.

Esta es una de las 23 empresas que han logrado registrar en ese tribunal demandas contra la Argentina por quiebra de contratos de concesión de servicios luego de la pesificación. De todas ellas la CMS (socia de la Total y de CGC en la concesión para transporte del gas) es la que más ha avanzado: logró que los árbitros del juicio la reconozcan como accionante pese a que no es la controladora del grupo.

Esos árbitros son el chileno Francisco Orrego Vicuña, el canadiense Marc Lalonde (en favor de la CMS) y el brasileño Francisco Resek, quien representa a la Argentina por el mandato recibido por el anterior gobierno de Eduardo Duhalde.

Estados Unidos, a su vez, es parte por lo menos de dos juicios por el NAFTA (área de libre comercio con México y Canadá) en los cuales también rechaza la personería, para demandar ante el tribunal, de ese sistema de integración de los accionistas minoritarios. Se trata de reclamos de las firmas Gami Investments vs. México y Mondev International vs. United States of America, donde representantes de las minorías accionarias demandan a los gobiernos por incumplimiento de contratos.

La idea de lanzar este acuerdo se le ocurrió al procurador del Tesoro, que es el abogado del Estado Argentino y debe atender los juicios que llueven desde la declaración del default. Hasta ahora son 23, los que lograron registrarse ante el CIADI pero el total de las demandas supera las 60. Aunque piden montos máximos, el cálculo que ha hecho el procurador del Tesoro, el santafesino Horacio Rosatti, para el total de las solicitudes supera los u$s 16.000 millones. Algo así como el equivalente a un presupuesto anual de la Argentina.

• Alineamiento

La llamada estrategia «diplomática» es intentar pegarse al reclamo de los EE.UU. en los dos juicios NAFTA para lograr que Washington presione al CIADI y al Banco Mundial para sentar jurisprudencia en el sentido de que los reclamos sólo les sean escuchados a los controlantes (accionistas mayoritarios) de las empresas que piden resarcimiento.

Ese fue el contenido de una larga exposición de argumentos de Rosatti ante Bielsa donde dice que «la obtención de una declaración por parte del gobierno de los Estados Unidos en un sentido concordante al expuesto por nuestro país coadyuvaría a homogeneizar la interpretación del TBI (tribunal arbitral) sobre la base de la buena fe y evitaría a la República Argentina afrontar una proliferación inusitada de demandas propiciadas por un sinnúmero de accionistas minoritarios».

Si eso ocurriera, dice Rosatti, en su escrito dirigido a Bielsa y al que accedió este diario, se produciría «un escándalo jurídico» con efectos « perturbadores en el proceso de renegociación encarado por el gobierno nacional».

El diálogo de Bielsa con Powell transcurrió por los mismos términos y consistió en el pedido del canciller argentino de que los dos países se sienten a discutir un intríngulis: qué es un «inversor protegido» según los términos del Tratado de Protección Recíproca de Inversiones que firmaron la Argentina y los Estados Unidos bajo la administración de Carlos Menem.

Como la CMS tiene sólo 29,42% de las acciones de la Transportadora de Gas, el gobierno quiere que los dos países acuerden en que «inversor protegido» es sinónimo de « inversor mayoritario y controlante».

Bielsa le aclaró que la Argentina tiene una posición de base que es admitir la legalidad de los tratados de protección de inversiones. El gobierno, como se ha informado, descartó la estrategia de enfrentar estos reclamos mediante la denuncia (pedido de abolición) o suspensión de su vigencia.

Escuchado esto, Powell propuso crear la comisión a condición de que «se llegue -fueron sus palabras- a un resultado que defienda los intereses de la Argentina pero también los intereses de los inversores de los Estados Unidos y de los demás países».

El ideal hoy del gobierno argentino sería que la comisión de los dos países, que tiene sólo el acuerdo verbal de los dos cancilleres, pero que aún no se ha integrado, emita una opinión antes del 17 de noviembre. De esa manera sería posible interponer alguna medida para frenar los tiempos establecidos por el CIADI; sabido es que para este gobierno -como para el anterior de Duhalde- la fuga hacia el futuro (patear los problemas hacia adelante) es su especialidad olímpica.

• Desaliento

El gobierno cree que la avalancha de juicios podrá entrar en cámara lenta en cuanto comience a avanzar la renegociación de la deuda privada y que una sociedad con los Estados Unidos puede desalentar las demandas. Sabe que el CIADI sólo hace prosperar juicios por confiscación (es decir expropiación sin resarcimiento) y que el destino de una demanda contra un país en default puede ser papel mojado a la hora de cobrar, salvo los honorarios de los abogados.

Este trámite que inició Bielsa con Powell producirá noticias en las próximas horas con la designación del «team work of experts» -así la designó la minuta reservada que reproduce la charla entre los dos y que pudo también consultar este diario-.

En el fondo es una especie de pedido de declaración de certeza en los términos como lo prevé el código de procedimiento administrativo. Es la facultad que tiene un particular de pedirle a la Justicia que le aclare la interpretación de una norma legal y se puso de moda cuando se discutía en los tribunales criollos la posibilidad de una tercera reelección para Carlos Menem.

Este recurso llevado al orden internacional replica otro proyecto que se reserva el gobierno para el caso en que este reclamo no funcione. Es pedirle que un magistrado diga si actuó bien el tribunal arbitral que atiende este caso de la tranportadora de gas al admitir la queja sin que se agotase la vía legal dentro del territorio argentino.

La charla de Bielsa con Powell ocurrió cuando el canciller argentino se subía al avión rumbo a La Habana. Se lo dijo al hombre de color quien le replicó con su ritmo: «Lea las declaraciones que hizo George W. Bush sobre la dictadura de Fidel Castro.» Y cortó.