Eduardo Duhalde no consiguió finalmente que el Congreso ratificara todos los decretos de necesidad y urgencia firmados este año en materia de pesificación, «corralito» financiero y emisión de bonos. En realidad, Roberto Lavagna había intentado pasar esa amplia ratificación de decretos dentro del presupuesto, pero con pocas posibilidades de éxito, para reforzar ante la Justicia las medidas adoptadas en ese sentido que generaron innumerables demandas ante los tribunales y que, en un caso puntual, tiene pendiente un fallo de la Corte Suprema sobre la constitucionalidad de la pesificación de depósitos. De haberse ratificado los decretos, los particulares y empresas damnificados por la pesificación habrían tenido que iniciar nuevas acciones legales pidiendo ahora la inconstitucionalidad de la ley, lo que hubiera alargado al menos en un año los plazos para obtener un nuevo pronunciamiento del máximo tribunal.
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El Congreso se negó de distintas formas durante todo el año a transformar esos decretos en leyes, que operaran como reparo ante los fallos judiciales. En esta ocasión, mantuvo la misma postura, de modo que no convalidó la pesificación y todas las normas del «corralito», aunque los decretos siguen en vigencia.
El artículo que ayer fue eliminado del presupuesto pedía ratificar «los decretos Nros. 214 del 3 de febrero de 2002, 410 del 1 de marzo de 2002, 471 del 8 de marzo de 2002, 704 del 30 de abril de 2002, 762 del 6 de mayo de 2002, 905 del 31 de mayo de 2002, 992 del 11 de junio de 2002, 1.096 del 25 de junio de 2002, 1.267 del 16 de julio de 2002, 1.316 del 23 de julio de 2002, 1.443 del 12 de agosto de 2002, 1.579 del 27 de agosto de 2002 y 1.657 del 5 de setiembre de 2002».
Allí están incluidas todas las normas que rigieron el «corralito» financiero, la pesificación de depósitos, deudas y contratos y hasta la emisión de los BODEN.
