No le creen a Lavagna

Desde Italia, el ministro de Economía, Roberto Lavagna, deslindó la responsabilidad del gobierno por la falta de adecuación de las tarifas de los servicios públicos y dijo que ahora deben ser las empresas privatizadas las que se presenten en la Justicia a defender los aumentos autorizados por decreto para electricidad y gas, suspendidos por fallos judiciales de primera instancia.

«Las declaraciones de Lavagna se inscriben dentro de la estrategia que adopta el ministro cada vez que viaja a Europa», dijeron en una privatizada. «Siempre quiere demostrar que el gobierno toma medidas para adecuar las tarifas, pero que la Justicia no le permite aplicarlas», agregó la fuente.

Con tono un poco más subido, en otra compañía dijeron que «el gobierno nunca quiso subir las tarifas, ni renegociar los contratos, tal como lo indica la Ley de Emergencia, y ya no va a hacerlo en época preelectoral».

En una empresa de gas, afirmaron que, «tanto en los entes reguladores de gas y electricidad como en la comisión renegociadora de contratos, hay coincidencia en que los contratos de estos servicios no necesitan ser renegociados porque no hubo incumplimientos.

«Pero -dijeron los mismos voceros- el gobierno, en lugar de partir de esa situación y adecuar los contratos a las nuevas condiciones posdevaluación, dictó aumentos por decreto, con el riesgo de que, tal como ocurrió, la Justicia los frenara por no cumplirse con la Ley de Emergencia, que exige revisar las concesiones.»

Las empresas coinciden, además, en que si la Justicia ordena suspender un decreto del Poder Ejecutivo, es éste el que debe apelar, aunque haya algunas compañías que también lo hicieron.

• Malestar acentuado

Pero, detrás de las palabras de Lavagna, pidiendo desde el exterior que las compañías apelen en la Justicia porque los aumentos ya están autorizados por el gobierno, los voceros de las privatizadas creen que vuelve a pedirse que sean las compañías las que «salgan a dar la cara», como cuando la secretaría legal de Economía les recomendó seguir aplicando las subas, luego del fallo judicial que las suspendía.

El malestar de las privatizadas se acentuó en la última semana, cuando quedó al descubierto que Economía había usado a los medios de prensa para informar que estaba «avanzado en un acuerdo con Aguas Argentinas para ajustar la tarifa y realizar nuevas obras». El acuerdo nunca existió y, de haber existido, hubiera estado invalidado por haberse hecho sin la intervención del representante de los consumidores en la comisión renegociadora de contratos. Cuando el ministro desistió de viajar a Francia -de donde proviene el accionista mayoritario de Aguas Argentinas-, todo quedó congelado.