No se definió aún la deuda de concesiones de rutas por peaje

Julio De Vido

Una confusa situación se produjo ayer con motivo de una nota del diario «La Nación» según la cual la Auditoría General de la Nación (AGN) denunció al ministro de Planificación, Julio De Vido, por «irregularidades» en los contratos de concesión de rutas por peaje, firmados por el actual gobierno.

El informe de la AGN, que está publicado en el sitio de Internet del organismo formula «recomendaciones» a De Vido, pero al mismo tiempo deja en evidencia que el gobierno todavía no concretó la liquidación final de los contratos vigentes al 31 de octubre de 2003, sobre los que existían informes previos de incumplimientos por $ 824 millones.

El Ministerio de Planificación desmintió en un comunicado que existan causas penales contra esa dependencia y afirmó que las mismas datan de 2002 y están vinculadas al mecanismo de indexación de los contratos vigentes hasta octubre de 2003.

La nota indicó también que «esta gestión de gobierno no ha renegociado ningún contrato de rutas por peaje». Añadió que en relación con 8.000 kilómetros de rutas nacionales concesionadas hay « concesionarios salientes» y «nuevos concesionarios».

Sin embargo, de los 6 grupos adjudicatarios en la licitación de este gobierno, 4 corresponden a empresas que conformaban o tenían participaciónen las sociedades concesionarias «salientes».

El 1 de noviembre de 2003 dejaron de operar Servicios Viales del grupo Macri, Caminos Australes del grupo Roggio, Semacar de Dycasa, Perales Aguiar y Caminos del Oeste de Techint.

Los que permanecieron con nuevos contratos fueron Coarco-Equimac (antes en Caminos del Abra), Homac (que antes operaba con José Chediak y quedó sola), Covico y Supercemento con Dragados y Obras Portuarias.

Sin perdón

Planificación afirmó también que «esta gestión de gobierno no ha perdonado ni perdonará ninguna deuda de los concesionarios salientes, ni tampoco ha reconocido ningún crédito a su favor».

Por su parte, en el informe de la AGN se cuestiona que en un informe del representante de ese ministerio ante la unidad de renegociación de contratos se indique sobre los cuatro concesionarios que resultaron adjudicatarios en la nueva licitación que «resultan acreedores del Estado nacional» y «registran un grado de cumplimiento aceptable de sus obligaciones».

En general, en relación con todos los concesionarios salientes, el problema radicó en que al incumplimiento estimado por el órgano de control de las concesiones viales ( OCCOVI), las empresas oponían reclamos ante el Estado nacional por retrasos en el pago de las compensaciones, en el ajuste de los peajes por la tasa Libor, y finalmente por las consecuencias de la Ley de Emergencia Pública que pesificó y congeló las tarifas.

La liquidación final, según surge del informe de la AGN, se demoró hasta julio de 2005 porque distintos organismos del Estado evaluaron si era procedente una causa por lesividad contra el Decreto 92 de 2001,y finalmente se dictaminó que no correspondía.

Al momento de terminar la auditoría, la AGN destacó:

La liquidación final de las concesiones ha estado paralizada (aun se encuentra pendiente como admitió ayer Planificación).

No se ha determinado la autoridad con competencia para efectuar la liquidación final.

Hay dos metodologías de cálculo: una del OCCOVI y otra de la unidad de renegociación de contratos. Según el primero, el Estado resulta acreedor por $ 824.699.322 por obras no realizadas, estado deficiente del pavimento y multas impagas. Por ejemplo, Caminos del Oeste registró 95,24% de tramos que no alcanzaban el «índice de estado» previsto en el pliego y Servicios Viales, 76%.

No es fiable la información que servirá de sustento al momento de la liquidación final para determinar el grado de incumplimiento.

El monto de las fianzas (que según Planificación están vigentes) sólo alcanzó a 31,9% de lo valorizado en concepto de incumplimientos contractuales.

La difusión del informe de la AGN dejó en evidencia también un conflicto dentro de ese organismo. El auditor Francisco Javier Fernández dijo que las «observaciones» del informe se refieren a irregularidades durante los gobiernos de De la Rúa y Duhalde.

También aseguró que todavíael trabajo debe ser aprobadopor la comisión parlamentariaa cargo, y agregó: «El tema es que el presidente de la Auditoría, Leandro Despouy, siempre quiere sacar los informes primero en los medios, porque hay un tema político, de protagonismo, entre el presidente de la comisión y de la Auditoría». Acotó: «No me gusta que salga a los medios sin cumplir las etapas constitucionales».