Confirmando que la relación del gobierno con las empresas eléctricas se deterioró fuertemente en la última semana, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, reiteró ayer que las concesionarias deben «dar un paso al costado» si no pueden brindar una prestación adecuada.
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Fernández ya había esbozado este concepto el martes, pero ayer fue más taxativo. «Lo que estamos planteando es que hay un contrato de concesión de un servicio público, y la correcta prestación es un deber del Estado», dijo, tras lo cual destacó que «si la concesionaria no sabe, no quiere o no puede cumplir, lo que tiene que hacer es dar un paso al costado porque el servicio tiene que seguir siendo prestado».
Fernández también dijo que «no es justo que las inversiones tengan que ser solventadas por el bolsillo de los consumidores». Por su parte, el canciller Rafael Bielsa descartó que las diferencias con las empresas privatizadas y las multas aplicadas a las distribuidoras eléctricas y a Aguas Argentinas puedan afectar la relación con algunos países europeos.
«No han sido sanciones monárquicas o sanciones despóticas», dijo Bielsa. También afirmó que «el gobierno sólo trata de ser responsable de proteger los intereses de los usuarios argentinos y de maximizar su posición de negociación».
En su opinión, esto «no debería tener consecuencias en las relaciones bilaterales». El gobierno decidió el martes instruir al ente regulador de electricidad (ENRE) para que inicie acciones judiciales para ejecutar multas por 7,65 millones a Edenor, Edesur y Edelap, por infracciones correspondientes a 2001-2002 y parte de 2003 y que están impagas. Además, aplicó una sanción a Aguas Argentinas por el corte de agua del último domingo, por 1,34 millón de pesos que todavía no está firme, porque la empresa tiene derecho al descargo.
El canciller añadió que es «razonable» que otros gobiernos intenten por la vía diplomática «tratar de proteger los intereses» de las empresas en terceros países y que se busque «el mayor beneficio posible». Pero agregó que es también «razonable» que la Argentina, que «está tratando de recuperar la dignidad», «busque un cambio de reglas». Según Bielsa, «como sucede en cualquier negociación, y mucho más en una situación en la que el cambio en las reglas de juego es profundo, se maximizan las posiciones». Destacó que el gobierno argentino «no plantea ninguna insensatez», como podrían ser «la renacionalización» de empresas que fueron privatizadas o «expropiaciones».
«Ni siquiera se está hablando, añadió, de que en el cómputo de beneficios y pérdidas se integren los beneficios extra de la década pasada y se compensen con las pérdidas actuales».
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