Obtendría hoy el Gobierno ley para aumentar tarifas

Néstor Kirchner podría contar desde hoy, o a lo sumo en una semana más, con las facultades para subir tarifas de servicios públicos y renegociar contratos de concesión. Ayer, Julio De Vido defendió el proyecto del gobierno ante una multitud de diputados, y minutos después los peronistas firmaron el dictamen que confirma lo votado por el Senado. Radicales y socialistas se oponen a otorgar a Kirchner los poderes para renegociar por decreto y pidieron en un dictamen propio mayor control del Congreso. Pero el PJ está decidido a convertirlo en ley. Ayer, el oficialismo negociaba con la UCR el quórum para la sesión de hoy. Pero queda otro escollo: los dos tercios necesarios para habilitar el proyecto. De lo contrario, deberán esperar siete días más para votar la ley. Con esta decisión, Kirchner obtendría uno de los dos temas que espera del Congreso este año, además del Presupuesto 2004. La definición es prioritaria para el gobierno, ya que se comprometió en el reciente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a tener avances concretos en este ítem antes del 15 de noviembre. Y además, para no volver a chocar con varios países del Grupo de los 7, que exigen una recomposición de tarifas como cuestión clave.

El peronismo intentaba anoche armar una sesión hoy en la Cámara de Diputados para que Néstor Kirchner cuente cuanto antes con la ley que le otorga plenos poderes para disponer aumentos en tarifas de servicios públicos y renegociar contratos.

Después de un plenario de comisiones donde Julio De Vido defendió el proyecto, los justicialistas firmaron el dictamen de comisión que ratifica lo sancionado en el Senado. Los radicales, por su parte, presentaron un dictamen de minoría donde se cuestionan los excesivos poderes que se otorgan al gobierno, como la sanción ficta de los decretos que Kirchner firme modificando la situación de los contratos de concesión y plantean la necesidad de modificar el marco regulatorio de los servicios por ley del Congreso.

El PJ negociaba anoche la posibilidad de sesionar hoy. Había obtenido un acuerdo con la UCR para armar el quórum, pero los radicales seguían negándose a aportar los dos tercios de los votos para habilitar el tratamiento del dictamen ya que no han transcurrido los 7 días hábiles reglamentarios para llevar el tema al recinto.

De Vido volvió a insistir ayer ante los diputados con que «no va a haber aumento de tarifas» y explicó que «la política es renegociar contratos, que no significa renegociar tarifas».

Cuando desde el radicalismo se le planteó la necesidad de sancionar primero los cambios en el marco regulatorio, dijo: «Eso va a llevar un tiempo largo y hay una decisión política de Kirchner de hacerlo. Pero en los distintos contratos hay al menos 16 puntos que necesitan resolución urgente y que no pueden esperar a un nuevo marco regulatorio», justificando la futura intervención del gobierno a través de decretos.

Dentro de esas prioridades, el ministro de Planificación mencionó, en primer lugar, los peajes y explicó: «La política del gobierno es llegar a subsidio cero, pero hay elementos de la funcionalidad que hoy lo impiden. Sí queremos llegar a ese punto en el futuro».

En el plenario de comisiones que se realizó hoy en el anexo de la Cámara de Diputados, De Vido explicó también a los legisladores que el gobierno «necesita contar con esta herramienta para llevar en forma transparente el proceso de renegociación, en aras de la mejor prestación de los servicios públicos».

El proyecto del gobierno dispone en sus puntos centrales:

• La extensión hasta el 31 de diciembre de 2004 del plazo para llevar a cabo la renegociación de los contratos de concesión de servicios públicos, dispuesto en el artículo 9 de la Ley 25.561.

• Las decisiones que adopte el gobierno en el desarrollo del proceso de renegociación no se hallarán limitadas o condicionadas por las estipulaciones contenidas en los marcos regulatorios que rigen los contratos de concesión o licencia de los respectivos servicios públicos, punto resistido por la oposición.

• Los acuerdos de renegociación podrán abarcar aspectos parciales de los contratos de concesión o licencia, contemplar fórmulas de adecuación contractual o enmiendas transitorias del contrato, incluir la posibilidad de revisiones periódicas pautadas, como establecer la adecuación de los parámetros de calidad de los servicios.

• Establece que el Congreso debe expedirse dentro del plazo de 60 días corridos de notificadas las modificaciones, y una vez cumplido ese lapso sin respuesta de los legisladores, se tendrá por aprobada la misma, proceso conocido como sanción ficta que el radical Aldo Ostropolsky considera escandaloso.

Mientras tanto, el Senado escuchó ayer los argumentos del secretario de Agricultura, Miguel Campos, a favor de la reforma tributaria impulsada por el Ministerio de Economía, a través de la AFIP.

Campos expuso su apoyo a la modificación de la base imponible del Impuesto a las Ganancias para la exportación de cereales y oleaginosas, y afirmó que «los exportadores aseguran que podría haber un traslado a los precios vía productores», a lo que el riojano Jorge Yoma contestó; «Esa amenaza no la tomo como seria porque es recurrente cuando un sector intenta defender sus intereses».