El gobierno anunció ayer que licitará la construcción del gasoducto del nordeste argentino por el cual ingresarán en nuestro país unos 20 millones de metros cúbicos de gas boliviano a partir de 2007. El proyecto había sido originariamente presentado por Techint, empresa que llegó a anunciar una inversión de 750 millones de dólares. En apariencia, críticas de la oposición a la adjudicación directa de la obra, unidas a las dificultades de Techint para sumar socios, derivaron en un cambio en el diseño original.
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Ahora, antes de hacerse la licitación, primero se definirán en setiembre «los aspectos normativos, regulatorios y tarifarios». No se sabe si esto incluirá licitar la obra bajo el régimen de la «iniciativa privada», que permite al que presentó el primer proyecto igualar la mejor oferta. En cuanto a los aspectos tarifarios, no queda claro qué falta definir por cuanto el acuerdo firmado con las productoras de gas prevé la liberación total del precio del gas en boca de pozo en diciembre de 2006.
Por último, los aspectos reglamentarios ya están contemplados en la ley de marco regulatorio del gas.
Como segundo paso, en octubre, el gobierno firmará el acuerdo con Bolivia para asegurarse el suministro de gas. Luego de cerrar el convenio, se lanzaría la licitación para construir el gasoducto, y las ofertas deberán presentarse en febrero.
Sin embargo, durante noviembre habrá concursos para asignar capacidad de transporte y contratos de gas natural. Esto quiere decir que la empresa que decida participar en la licitación ya tendrá garantizado el gas y la utilización del gasoducto, además de beneficios impositivos que ya tienen media sanción en el Congreso.
El esquema procura atraer a las productoras, especialmente a Repsol YPF y a Petrobras. Según el documento que repartió ayer el Ministerio de Planificación, podrán participar de la licitación: productores de gas, inversores con experiencia en gasoductos, inversores institucionales, distribuidoras gasíferas, empresas eléctricas y otros grandes usuarios del producto.
