Thales Spectrum de Argentina es parte del grupo francés Tahles que, fundado en 1893, se dedica a los negocios de electrónica, defensa, servicios aeroespaciales y tecnología de la información.
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Thales opera en más de 30 países con 65.000 empleados en todo el mundo y, según los últimos datos del grupo en 2002, registró ingresos por 11.100 millones de euros.
En la Argentina, Thales Spectrum firmó un contrato en 1997 -cuando todavía se llamaba Thomson-, a través del cual el Estado le delegó su poder de policía para controlar a los cerca de 30.000 usuarios de frecuencias de radios, canales de televisión y telefonía celular, entre otros.
La función de la empresa era la de monitorear y cobrar la tasa a usuarios privados de ese espacio, controlar que se respeten las frecuencias y no aparezcan radios piratas y mantener despejado el espacio radioeléctrico para las fuerzas de seguridad y control aéreo.
Según el contrato, durante los primeros tres años, Thales Spectrum se encargaría de cobrar la tasa a nombre de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) y quedarse con 75% de lo que recaudara. A partir del cuarto año, el porcentaje bajó a 47 por ciento. En octubre de 2003, la compañía informó que entre 1997 y 2002 había ganado 108 millones de dólares.
El contrato había sido firmado por 15 años con una posible prórroga de otros 5 años. Con ese acuerdo, la Argentina se convertía en uno de los tres únicos países del mundo con el control del espacio radioléctrico privatizado.
Durante el tiempo que duró la concesión, la empresa fue blanco de diversos señalamientos por irregularidades como denuncias de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General por incumplimientos en el pago del canon al Estado, cuestionamientos por el método de pago y por cuantiosas ganancias.
Por eso, en agosto de 2002 la CNC multó a Thales por $ 1,4 millón y argumentó que fue por «incumplimiento de contrato». Pero fue en 2003 que la revista francesa «Le Point» publicó una de las denuncias más graves. Afirmaba que desde Thales Spectrum se habrían girado 25 millones de dólares a cuentas de funcionarios argentinos en paraísos fiscales. Por eso, la Oficina Anticorrupción abrió una investigación.
También el año pasado, la SIGEN recomendó, a través de un informe a la Secretaría de Comunicaciones, que analice la posible revocación del contrato de Thales Spectrum y que pida resarcimientos económicos.
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