Otras fuentes para recaudar

Domingo Cavallo, con su plan déficit cero elaborado en un viaje de Europa a Buenos Aires; el sorprendente (por no ser imposible) plan de la Alianza, y el que anunció Chrystian Colombo anoche tienen olvidos para reducir el esfuerzo del nuevo ajuste.

• Arancelamiento de la Universidad: un arancel equivalente a 20% de lo que cobran las universidades privadas, como se hace en España en las universidades estatales, le arrimaría recursos por 300 millones anuales y le permitiría disponer de un plan de becas para los que no pueden pagarla. El arancel sería deducible del Impuesto a las Ganancias, algo que no ocurre hoy con el pago del colegio privado. El arancel, de acuerdo con la carrera, oscilaría entre $ 60 y $ 150. Las carreras más concurridas serían las más caras. Sería más alto el arancel para ser abogado, médico o contador que ingeniero, por ejemplo.

• Modificación del estatuto docente en la mayoría de las provincias: en el año se pagan en todo el país $ 800 millones por las suplencias de maestros. La flexibilidad de los distintos estatutos permite exageradas licencias. Por caso hay provincias donde el maestro tiene derecho a un año de licencia con goce de sueldo y a un segundo año cobrando la mitad del sueldo. Por eso hay tanto ausentismo justificado. Alcanza a más de 30% en todo el país. Solamente en la Capital Federal el generoso estatuto docente provoca un ausentismo de 37% y se pagan $ 100 millones anuales de maestros suplentes. En una ciudad como la Capital Federal con alta concentración de alumnos hay un maestro cada 19 estudiantes. Hoy el país no puede sostener este régimen de educación.

• Eliminar el subsidio a los combustibles en la Patagonia: se puede cambiar por una suma fija a las provincias patagónicas que la puede trasladar a los consumidores de combustibles vía deducción de impuestos locales. Con esto se eliminaría un enorme contrabando y adulteración de combustibles que hacen que el subsidio sea más gravoso de lo que es.

• Bono patriótico: la Capital Federal, según el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, no tiene que hacer ningún ajuste. Es por tener el tercer presupuesto del país (luego del nacional y el bonaerense) Como la Justicia y la seguridad están pagadas por el Estado nacional, sería equitativo que por única vez suscriba el bono patriótico. Este bono podría integrarse con una parte de lo que cobren a los contribuyentes que están en mora (más de $ 3.000 millones).

Buenos Aires no hace ajuste, y aprovecha a nombrar contratados de a miles, según se publicó. Mejor se contribuya al esfuerzo nacional.

Deben desaparecer más organismos públicos prescindibles. Falta un trío de gerentes privados ad honorem. Uno debe ser Manuel Solanet. Veamos ejemplos.

La Administración General de Puertos (AGP) demuestra cómo el esfuerzo privado financia un Estado que gasta en exceso.

Por canon de las concesiones portuarias, el país recauda entre 30 y 38 millones de dólares anuales. La variación tiene que ver con la entrada de containers.

La AGP de ese importe gasta 9 millones de dólares en sueldos, de los cuales la cuarta parte se la llevan 60 personas contratadas por esta administración que cobran cifras cercanas a $ 5.000 mensuales. Por año los contratos le cuestan a la AGP $ 2.500.000. El resto de la planta, unas 350 personas cobran 9 millones de pesos. Se estima que el excedente de empleados es de 230 personas.

Otro egreso importante es el dragado del río, que se lleva $ 11 millones anuales, aunque este año no se hizo, lo que hará que aumente el costo operativo del puerto.

En otras palabras, la AGP, incluyendo el dragado, podría reducir sus gastos en $ 8 millones al año, con lo que tendría un superávit de $ 30 millones, en lugar de los $ 22 millones actuales.

• Ajuste de la administración pública con menos costo político: se pueden otorgar los planes Trabajar para desocupados y jóvenes a través de empresas que tomen trabajadores y, de ese modo, alivien el desempleo con menos costo laboral pero se hagan cargo de un tercio del sueldo y de los aportes previsionales. En la Municipalidad de Buenos Aires, durante 1985 (gestión Saguier), se logró reducir un fenomenal desbarajuste achicando personal por varias vías. Por ejemplo, despidiendo a los que están en el último año antes de jubilarse, pagándoles 90% de su salario y la totalidad de las cargas sociales. También se pueden cerrar oficinas enteras pagando el sueldo de los empleados pero evitando que concurran a consumir y generar gasto por un período, hasta tanto el Estado recupere oxígeno fiscal. Otra vía de ajuste incruento es el retiro voluntario con pago de 75% del sueldo durante los primeros 4 meses, 50% durante los segundos 4 meses y de 25% del salario durante los últimos 4 meses. Otra estrategia de ajuste es congelar el gasto de tal manera que cualquier iniciativa se traslade al año próximo.

• Endurecer controles sobre inmigrantes: no se trata de persecución o discriminación, sino de hacer cumplir la ley de inmigraciones. El inmigrante de Perú, Bolivia o Paraguay, al estar ilegalmente, trabaja en negro, ocupando puestos de trabajo que no aportan al sistema. Además, tienen un alto costo social porque están entre los que más utilizan servicios hospitalarios, por ejemplo. Al asentarse en viviendas de emergencia o usurpar terrenos o viviendas, generan mayores gastos de seguridad y atención por las condiciones, muchas veces infrahumanas, en que viven.