Otro fallo autoriza ajuste por inflación

Otro fallo judicial volvió a complicar a Economía. Un juez en lo contencioso administrativo, esta vez de la Capital Federal, autorizó a una empresa fabricante de repuestos para ferrocarriles a aplicar el mecanismo de ajuste por inflación, para el ejercicio 2002. Además, le prohibió a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que ejecute a la empresa por diferencias en el pago del Impuesto a las Ganancias.

El magistrado Guillermo Rossi dictó la medida cautelar ante la presentación de un recurso de amparo promovido por los representantes de la sociedad anónima Siderea, proveedora de zapatas de frenos para ferrocarriles.

• Apunte

Un apunte importante del fallo es que el juez, para atender eventuales perjuicios que pudiera generar la medida cautelar, impuso como condición que la firma deposite una fianza de 704.652 pesos.

En la acción de amparo se planteó la inconstitucionalidad de artículos de las leyes 24.073 y 25.561, y del Decreto 214/02 en lo que se refiere al ajuste por inflación del Impuesto a las Ganancias.

Esta no es la primera medida judicial en favor de una empresa, y, de hecho, en Economía consideran que las decisiones judiciales serán apeladas por el gobierno sin inconvenientes, como lo hicieron ayer con la causa Siderea.

Amén de ello, no se descarta dentro de la Justicia que en lo sucesivo se produzca una cascada de veredictos de esta naturaleza, bloqueados hasta el momento por la gran cantidad de recursos de amparo presentados en la Justicia contra el «corralito».

De todos modos, los apoderados de Siderea, además, pidieron que, en caso de que no prospere el amparo, se dicte una «medida declarativa de certeza» con respecto a los tributos que le corresponden abonar a la sociedad por el período comprendido entre el 1 de julio de 2001 y el 30 de junio de 2002.

Para conceder la cautelar, el juez Rossi tuvo en cuenta el «peligro» que para los intereses de la empresa podría ocasionar la demora en la resolución del fondo de la cuestión.

«Se vislumbra el peligro del daño -expuso el juez- si tomamos en cuenta las facultades conferidas a la AFIP a raíz de las modificaciones introducidas en el artículo 92 de la Ley de Procedimientos Fiscales», norma que otorga mayores atribuciones al organismo para la ejecución de deudas impositivas.

Rossi dijo que «aparece ajustado que antes que la AFIP proceda a ejecutar las sumas que la accionante (Siderea) manifiesta pueden serle reclamadas, como consecuencia de la no operatividad del mecanismo de ajuste por inflación cuya aplicación persigue, tenga derecho a ser anoticiada de ello mediante previa intimación de pago».

Con esos argumentos, el juez ordenó a la AFIP que se abstenga de pedir medidas judiciales por diferencias en el Impuesto a las Ganancias derivadas de la no aceptación en sede fiscal de la procedencia del ajuste por inflación en relación con la firma, sin la previa intimación de pago administrativa prevista en la Ley 11.683.

Aunque cautelar (aún resta que haya sentencia firme), el fallo es significativo porque «se está haciendo lugar al derecho de aplicar el ajuste por inflación porque se considera verosímil», según le dijo ayer a Ambito Financiero el abogado Patricio Navarro, patrocinante de Siderea.

La medida sienta un precedente en los reclamos que industriales y productores agropecuarios efectuaron en reiteradas oportunidades al gobierno para incluir un mecanismo de ajuste por inflación para el Impuesto a las Ganancias, propuesta que es rechazada por Economía.

Los técnicos del equipo económico argumentan que el ajuste por inflación, en tiempos de incremento de precios, sólo sirve para licuar el pago del Impuesto a las Ganancias y, en cambio, proponen un proyecto para modificar la alícuota, bajándola de 35 a 30 por ciento.

Una postura similar fue adoptada por la Justicia de Córdoba y Entre Ríos, donde se autorizó a empresas radicadas en esa provincia a aplicar el mecanismo de ajuste por inflación tanto para la liquidación y presentación de declaraciones juradas de IVA como de Ganancias.

Un mecanismo que genera gran temor y resistencia en la cartera que conduce Roberto Lavagna, que asegura que es «indexatorio e inflacionario para los precios».

El secretario de Hacienda, Jorge Sarghini, volverá esta semana al Parlamento para buscar el consenso de los legisladores en favor del paquete impositivo que el Ejecutivo envió al Congreso junto con el presupuesto 2003 y que encuentra resistencia en ambas cámaras.

Uno de los proyectos es precisamente el de la modificación en el Impuesto a las Ganancias, mientras que la Unión Industrial Argentina (UIA) y los productores agropecuarios reclaman que se autorice el ajuste por inflación.