Otro problema para De la Sota

Córdoba (especial de «La Mañana de Córdoba») - La postergación de la privatización de la empresa de energía de Córdoba (EPEC) por la imposibilidad de los inversores de presentar ofertas supone para la provincia un problema adicional. Junto a la concesión de la empresa estatal, José Manuel de la Sota tenía previsto resolver el acuciante problema de la deuda financiera, con vencimientos por más de 540 millones de dólares en 2002.

La aspiración del gobierno estaba centrada en lograr que los principales bancos acreedores del Estado provincial -Río y Galicia- financiaran la operación de concesión de la compañía eléctrica. Para eso, había ya un compromiso de las entidades. El Río iba a ser el encargado de financiar a Unión Fenosa si ésta ganaba la licitación y el Galicia haría lo propio si los triunfadores eran AES Energy o Tractebel. Así hubiera quedado resuelto el problema de los vencimientos en 2002.

Caída de la posibilidad de descomprimir el peso de la deuda por medio de la concesión de la EPEC, Córdoba deberá encaminarse ahora a la renegociación de su abultado pasivo con los propios bancos bajo el esquema diseñado por Economía de la Nación dentro del paquete del frustrado Pacto Fiscal.

«Que cada provincia negocie por su cuenta», sentenció Domingo Cavallo el viernes cuando rompió lanzas con los gobernadores que no aceptan resignar el piso de coparticipación. Sin embargo, el ministro tuvo palabras de elogio para con De la Sota el mismo viernes y luego en otras oportunidades durante el fin de semana. La señal puede llegar a convertirse en un aspecto clave en la complicada coyuntura que le espera a Córdoba. Los bancos ofrecieron refinanciar la deuda a una tasa de 7% hasta fin de año y luego a 10%. Sin embargo, el diferencial de tasa en relación a los vaivenes del mercado pretenden las entidades capitalizarlo. No es éste un buen negocio para las provincias. Tampoco lo es para Córdoba, pero así están dadas las condiciones en el mercado.

• Renegociación

Ante ese escenario, lo más probable es que Córdoba, teniendo un presidenciable en su mesa de negociaciones, pelee a los bancos mejores condiciones de refinanciación. También es probable que las entidades otorguen esas pautas, pero a cambio de conseguir de la provincia un compromiso de racionalización de gastos, algo razonable si se tiene en cuenta que De la Sota aún no sacó a relucir su lápiz rojo. Así las cosas, es esperable que sea entonces la provincia la que renegocie con los bancos. También que se acelere el ajuste porque así como la Nación no tiene crédito tampoco existen recursos para las provincias. Por lo tanto, el déficit cero ya no es una meta, sino un imperativo.

Mientras esto ocurre, EPEC no será privada todavía. O lo que es peor. Seguirá siendo pública, con todos los perjuicios que ello seguirá representando para el bolsillo de los cordobeses y una complicación más para el ministro de Obras Públicas cordobés, Carlos Caserio.

Entre ellos, la continuidad del sostenimiento de una estructura de burocracia sindical prebendaria que para colmo interpretará el anuncio del gobierno de postergar la privatización como una victoria, cuando en realidad se trata de una derrota de la provincia, de una Argentina vieja en la que pocos, o nadie confía ya. Si la privatización de la EPEC debió congelarse es por dos factores. El primero y más fuerte tiene que ver con el nivel de riesgo-país, insólito aliado de Luz y Fuerza que impidió a los grupos interesados en comprar la empresa hacerse de los fondos a una tasa razonable para concretar la operación. El indicador funcionó para lo que está diseñado. Hace las veces de alarma y señala a los inversores lo que puede ocurrirle a sus capitales. Los defiende. Exactamente todo lo contrario de lo que interpreta por estas horas Luz y Fuerza que consideró la postergación como una victoria cuando en realidad se trata del fracaso colectivo, de la falta de confianza, de la incertidumbre, de la incapacidad de proyectar un futuro sobre bases sólidas.

El segundo de los factores tiene que ver con el propio gobierno provincial que prefiere la estrategia del costo político cero, sin medir demasiado las consecuencias posteriores. En otras palabras, la administración de José Manuel de la Sota no parece dispuesta a pagar el costo político de salir a concesionar la EPEC en el actual contexto por el temor de ser puesta bajo la lupa como la gestión que malvendió la empresa estatal de energía. El mismo motivo llevó al gobierno a postergar la privatización en julio de este año cuando el riesgo-país estaba en los mil puntos. Conclusión: la estrategia del costo político cero puede terminar provocando dificultades para los cordobeses mucho más graves que las consecuencias que hubiera tenido para el gobierno tener que enfrentar algunos cuestionamientos por la pérdida de valor de una empresa que entró en un proceso de desinversión grave.