El gobierno rechazó definitivamente una revisión sobre los impuestos que aplica sobre el campo, pero discrepancias entre las entidades de la producción impidieron la fijación de una fecha a la protesta sectorial que iba a ser acompañada por los exportadores de granos y aceites. La definición pasó ahora para el próximo miércoles, pero se diluye la posibilidad de un acuerdo de lockout inmediato luego del portazo que sufrieran desde el Ministerio de Economía. No obstante, algunas entidades pretenderían establecer la semana próxima la modalidad y el lapso de una medida de protesta. «Nos echaron a patadas», graficaba, ofuscado, el presidente de la cooperativista Coninagro,Mario Raiteri, para sintetizar el ambiente que vivieron las entidades nacionales del campo ante el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),Alberto Abad, y el subsecretario, Eduardo Ballesteros, en sede del Ministerio de la Producción y con la presencia de Aníbal Fernández y del secretario de Agricultura, Haroldo Lebed.
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Concretamente, los funcionarios de la AFIP indicaron lo que se preveía: el gobierno no puede flexibilizar los impuestos que aplica sobre la actividad agropecuaria (cobro de ganancias sin ajuste por inflación, un IVA diferencial para los granos con relación a la comercialización de insumos) debido a que, según las cuentas oficiales, se generaría un déficit en la recaudación. Pero una frase habría terminado con el diálogo AFIP-productores: «El campo tiene muchos ingresos..., puede pagar...», dicen los dirigentes del campo que afirmó Ballesteros para terminar de liquidar un encuentro que, para Manuel Cabanellas, titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), fue sólo «una discusión acalorada e inútil».
Los técnicos de Economía habrían manifestado que aún no fue demostrado que el IVA granos no es neutral como pretende la producción. «Necesitamos dos meses para analizarlo», indicaron, y volvieron a recalentar el ánimo de los ruralistas, que sostenían que «entre discusiones se nos pasa la cosecha», además de sostener que en dos meses se prevé precisamente «el final de este gobierno».
• Reunión sectorial
Con la bandera de la «discriminación» sobre sus cabezas, los dirigentes concurrieron a una reunión que realizó toda la cadena agrícola en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, donde se intentó unificar criterios sobre una protesta sectorial. Pero los exportadores no quieren lanzar el lockout solos con sus reclamos por retrasos del Estado en la devolución del IVA y pago del factor de convergencia. La exportación sólo quería aparecer como «acompañando» a la producción en su reclamo.
• Disidencias
Pero allí surgió un fuerte conflicto entre la dirigencia del campo: sólo CRA se plantó como impulsora de una protesta (que establecería durante la semana próxima). Coninagro y Federación Agraria no quieren ser de la partida hasta tanto «los exportadores no se pongan al día con la deuda que tienen con la producción por el descuento de 10% que realizan desde al año pasado en el precio de los granos». Una deuda que calculan en u$s 300 millones. «Vamos a tener que pensar en una forma de llamar la atención, pero sería una locura un paro en plena cosecha. No podemos obligar a los productores a frenar la comercialización en esta época. Que los problemas de la exportación lo resuelvan ellos, porque algunas empresas impulsan el paro, pero luego cumplen sus contratos desde el exterior», decía Raiteri. La Rural, a través de su presidente, Luciano Miguens, volvió a naufragar en un mar de indefiniciones y sólo se limitó a decir que no tenía «mandato» para una protesta.
Así planteado, lo único que rescataron los empresarios rurales fue «la posición de Producción y de Agricultura que se enfrenta abiertamente a la intransigencia del Ministerio de Economía».
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