Penarían delitos informáticos

Delitos informáticos como el acceso no autorizado a bases de datos, el sabotaje de sistemas informáticos y el fraude cometido a través de Internet con tarjetas de crédito o el desvío de dinero bancario podrían ser penalizados con multas de hasta $ 30.000 y hasta 8 y 20 años de cárcel, según el caso.

Así lo establece un proyecto de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación que el Congreso convertirá probablemente en la ley contra los delitos informáticos.

El trabajo define tres tipos de delitos: el acceso ilegítimo informático («hacking»), el daño informático («cracking») y el fraude informático.

• El artículo primero del anteproyecto prevé una multa de 1.500 a 30.000 pesos para el «hacker», es decir, «el que ilegítimamente y a sabiendas accediere, por cualquier medio, a un sistema o dato informático de carácter privado o público de acceso restringido». La pena será prisión de un mes a dos años, «si el autor revelare, divulgare o comercializare la información accedida ilegítimamente». Y en el caso de que el robo de información se dirija «a sistemas o datos informáticos concernientes a la seguridad, defensa nacional, salud pública o la prestación de servicios públicos, la pena de prisión será de seis meses a seis años».

• El «cracker» será reprimido con prisión de un mes a tres años, cuando «ilegítimamente y a sabiendas, alterare de cualquier forma, destruyere, inutilizare, suprimiere o hiciere inaccesible, o de cualquier modo y por cualquier medio, dañare un sistema o dato informático». Con esta figura se castigará a quienes envían virus informáticos por e-mail como los «troyanos» o «gusanos» que borran o dañan archivos y llegan a dejar inutilizados discos rígidos. La pena será de dos a ocho años de cárcel, si el «cracking» impide el libre ejercicio de una autoridad, si fuera cometido contra un sistema informático de valor científico, artístico, cultural o financiero de cualquier administración pública, o concerniente a la seguridad, defensa nacional, salud o la prestación de servicios públicos, según el tercer artículo. Si el daño informático ocasiona un daño permanente en la salud de una persona -como la pérdida de un sentido, un miembro o un daño mental-, la pena será de tres a quince años de prisión, y si resultare la muerte se elevará hasta veinte años de cárcel. El fraude informático es castigado por el artículo cuarto con prisión de un mes a seis años, para quien «con ánimo de lucro, para sí o para un tercero, mediante cualquier manipulación o artificio tecnológico semejante de un sistema o dato informático, procure la transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro». En el caso de que el fraude recayera en alguna administración pública o entidad financiera, la pena contemplada por el anteproyecto es de dos a ocho años de prisión. Los Estados Unidos contaban desde 1986 con la Federal Abuse and Fraud Act, que les brindaba un marco legal para defenderse de los delitos informáticos, pero en 1994 actualizó su legislación, que prevé para los hackers penas de uno a diez años de prisión -con multas accesorias-, y en caso de reincidentes se eleva a 20 años.