La Argentina enfrentó un nuevo fallo contrario en los tribunales internacionales de arbitraje y deberá indemnizar a la empresa Azurix por u$s 165 millones. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), bajo la órbita del Banco Mundial, reconoció a la empresa, ex concesionaria del servicio de agua de la provincia de Buenos Aires, 29% del monto de su demanda.
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Reclamaba u$s 438 millones por el total del canon abonado en 1999 para hacerse cargo de la concesión, u$s 112 millones por aportes adicionales de capital realizados durante la administración del servicio de aguas de la provincia de Buenos Aires, más otros costos.
El laudo, emitido el viernes, pero del que trascendieron ayer sus detalles, reconoció a la empresau$s 60 millones por el valordel contrato al momento de su rescisión en 2002, y u$s 105 millones por los aportes de capital reclamados. Obligó a la Argentina por 29% de los u$s 550 millones reclamados y no reconoció otros costos.
El conflicto con Azurix comenzó en 2001, cuando Carlos Ruckauf era el gobernador, y la empresa acusó a la provincia de imposibilitarle continuar con la concesión, debido a incumplimientos de obras. El entonces gobernador desligó responsabilidades y acusó a la empresa de presionar por aumentos de precios para solucionar sus desbalances financieros, producto de una excesiva oferta inicial por el canon. Los u$s 438 millones ofertados por Azurix para quedarse con la concesión superaron en 300% a las ofertas siguientes. En 2002, la empresa recurrió al CIADI.
En el gobierno relativizaron lo negativo del fallo y destacaron como favorable que «la demanda haya prosperado sólo por 29%». Fundamentalmente, desde la Procuración del Tesoro remarcaron que el laudo reconoce la postura argentina de que los tratados bilaterales de inversión no están para proteger el riesgo empresarial. Igualmente, lamentaron que el CIADI no haya queridoaceptar que ENRON, como empresa controlante de Azurix, tenía relevancia en el caso. La defensa argentina sostuvo que los altos cánones ofertados por la subsidiaria en el negocio de aguas de la provincia se enmarcaron en el proceso de contabilidades espurias que llevaría al escándalo y posterior quiebra de la empresa norteamericana en 2001.
El gobierno tiene ahora 120 días para decidir sus próximos pasos. El fallo no tiene instancia apelatoria, pero es posible hacer un planteo de nulidad. En las próximas semanas, después de un estudio más exhaustivo de lo resuelto por el tribunal, la Argentina decidirá la estrategia que seguirá.
Para la Procuración, a cargo de Osvaldo Guglielmino, en el laudo «se detectan fisuras lógicas». De los primeros análisis surge que «no hay argumentos claros por los que se le reconoce u$s 165 millones a Azurix», por lo que habría motivos para avanzar con el recurso de nulidad.
El fallo conocido ayer es el segundo de los que afectan a la Argentina que llegó a una instancia resolutoria. El anterior, conocido a mediados del año pasado, fue también adverso y obligó al gobierno a pagarle a CMS, accionista de los gasoductos de TGN, u$s 133 millones.
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