Piden en EE.UU. una "protección presupuestaria"

Más allá de Lavagna, Köhler y Krueger, hay galimatías con los organismos de complicada ejecución. Uno de los debates es por un término nuevo en la negociación: la «protección presupuestaria». Se trata de una salvaguardia exigida ahora por el Banco Interamericano de Desarrollo, pero que será extensible en el futuro a las otras entidades. Y no es menor la exigencia -aceptada a medias por la Jefatura de Gabinete, rechazada in totum por Economía- pues dificulta en grado sumo la confección de futuros presupuestos.

La Argentina le ha pedido al BID 2.500 millones de dólares para determinados programas sociales, controlados éstos por Nélida «Chichi» Doga (más precisamente por su tutora Chiche Duhalde), Graciela Caamaño (Trabajo) o Graciela Giannettasio (Educación), los que se habilitarían 800 millones ahora, otros 800 antes de que se vaya Eduardo Duhalde y el resto a finales del año próximo. No es dinero fresco en términos generales sino un aval a lo que el país gastó pero no paga a los organismos (o sea que los 800 de este mes, si se consensuan, serían un pase contable para justificar un pago al BID y no se entre en default).

Al margen de estos ejercicios contables, el BID (como más tarde el Banco Mundial) incluyó la cláusula de «protección presupuestaria» que viene a ser como una garantía para que el monto de esos planes (6.000 millones de pesos) no se recorte ni se modifique o se traslade a otras partidas o ministerios. Constituye esa limitación una restrictiva condición para el manejo del presupuesto, ya que en algunos casos quizás el gobierno no puede cumplirlas (al menos, en los años venideros). Por lo tanto, asumir ese compromiso genera controversias o supone una hipoteca para nuevas administraciones.

Lavagna ha sido el más tenaz opositor a estos condicionamientos y, en menor medida, Alfredo Atanasof (quizá porque éste sabe que el año próximo no estará en el gobierno). Sin embargo, fue un funcionario de Economía -ya renunciado, Ruy Luis de Villalobos- el que en principio aceptó la exigencia del BID, tal vez por distracción o entender que era razonable el pedido. Pero el nuevo concepto para no aceptar la cláusula es obvio: ¿qué ocurrirá si baja la recaudación y el país se comprometió a derivar los fondos a ese tipo de planes con «protección presupuestaria»? ¿Se pueden privilegiar estos planes al pago de los jubilados o al de salarios? Si se produjera una epidemia, ¿también habría que cumplir con ese requisito? Como se ve un dilema sin alternativas, ya que el BID -según expresaba todavía ayer en Washington-, se opone a cualquier arbitrio futuro de los gobiernos sobre los fondos que no sean estos planes. Que son importantes, claro, pero que no todos suponen la misma urgencia ni emergencia, pues los 6.000 millones de pesos incluyen los planes de Jefas y Jefes de Hogar, becas, mejoramiento de villas de emergencia y comedores alimentarios, entre otros.