Piden a la justicia prohibir aumentos de tarifas de gas

La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de la Argentina (FACUA) pidió a la Justicia que prohiba aumentos en la tarifa del gas y suspenda la audiencia pública que se realizará el jueves para discutir los incrementos del combustible en boca de pozo, negociados entre el gobierno y las petroleras.

En una acción de amparo presentada este mediodía, la presidente de FACUA, Sandra González, sostuvo que el acuerdo entre el Poder Ejecutivo Nacional y las empresas del sector viola legislación vigente porque se prevé el precio y su indexación según la variación del dólar estadounidense.

En el escrito presentado a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, FACUA recordó que la celebración de ese tipo de convenios en moneda extranjera "está expresamente prohibida" por la ley 25.561 de emergencia económica.

La Federación solicitó que "se impida la modificación de los Cuadros Tarifarios de las licencias de Gas Natural, hasta tanto finalice la renegociación de los contratos" con las empresas transportadoras y distribuidoras del fluído.

La demanda expuso que el aumento de tarifa de gas en boca de pozo, aprobado por el Ministerio de Planificación Federal, viola la Constitución Nacional que ordena la participación de las organizaciones de consumidores en la renegociación de los contratos.

La Federación, que nuclea a media docena de asociaciones nacionales de consumidores, señaló que "la audiencia pública" fijada para pasado mañana "estaría desnaturalizada, porque la decisión ya fue tomada" y "los aumentos comenzarían a regir a partir del 10 de mayo próximo".

FACUA agregó que el incremento vulnera lo establecido en el decreto 311/03 cuando impone que los acuerdos para aumento de tarifas deben ser refrendados también por el Ministerio de Economía, previa intervención de la Unidad de Renegociación y la Procuración del Tesoro y la Sindicatura General de la Nación.

Por eso, la demandante propuso el "congelamiento de los procesos de revisión de los cuadros tarifarios y precios de los servicios públicos durante la renegociación de los contratos" hasta que se asegure la participación de todos los organismos previstos en las leyes y decretos.

Con una postura contraria, el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, instó a las asociaciones de usuarios y consumidores a concurrir a la audiencia pública porque "tiene el sentido de abrir la participación, pedir información y debatir sobre el tema energético".

En declaraciones radiales, el ombudsman sostuvo que "las asociaciones (de consumidores) no están obligadas a seguir las resoluciones que tome la audiencia" y que "si no resulta conveniente" lo que se decida en ella pueden plantearlo e incluso ir a la justicia.

" Si convenimos que estamos ante un hecho que atenta contra los derechos del usuario, tenemos el derecho a ir a instancia judicial y plantearlo", aseguró Mondino.