JURCA, entidad que representa a 35 compañías aéreas que operan en el país, solicitó al ministro Ramón Mestre «la adopción de medidas de prevención, tanto en el Aeropuerto de Ezeiza como en los locales de otras compañías de aviación» afectadas por el conflicto de Aerolíneas Argentinas, y que «se garantice el normal desenvolvimiento del servicio público que presta la industria del trasporte aéreo».
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La entidad afirmó, además, que las últimas noticias, emanadas de fuentes españolas y autoridades nacionales, indican que el conflicto de Aerolíneas no ha finalizado y que podría haber un «recrudecimiento del accionar gremial».
La posición empresaria se explica porque si la SEPI no encuentra un comprador para Aerolíneas antes del lunes 23, declararía la quiebra o la liquidación de Aerolíneas en esa fecha, precisamente cuando empiezan las vacaciones de invierno y es uno de los períodos de mayor cantidad de vuelos en el año.
Según JURCA, los hechos producidos recientemente en Ezeiza a raíz de acciones gremiales se fueron agravando en detrimento de garantías constitucionales, sin que el Ministerio del Interior respondiera a un pedido anterior de la entidad, del 24 de abril, para que se tomaran medidas de precaución.
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